Jueves, 27 Junio 2019

Las Fuerzas de Seguridad del Estado traicionadas por Pedro Sánchez

PUBLICADO EL Martes, 09 Abril 2019 08:15 Escrito por
Dos traidores a España Dos traidores a España

 

 

Se considera que no cabe más alevosía del felón Sánchez por la protesta del SUP (Sindicato Unificado de Policías), Unión GC (Unión de Guardias Civiles) y JUSAPOL (Justicia Salarial Policial), ante este punto de inflexión en que un Gobierno atenta contra las FSEfacilitando una Ley de Abuso Policial bajo la directriz de Bildu y PNV. Las desconsideraciones traidoras de este PSOE sanchista son ilimitadas.

No son pocos los ciudadanos que no votaron por este Gobierno, cuya radicalidad se percibe aberrante dentro y fuera de nuestras fronteras,  quienes alertaron sobre un posible delito de alta traición en los muchos tejemanejes oscurantistas que pretendieron pagar la hipoteca del apoyo a  la moción de censura del 2018. Si ya en el 2012 la Asociación de Militares Españoles (AME), advertía a Arturo Mas sobre la voluntad secesionista, otros deberían haberse dado por aludidos:

Los representantes políticos deben “guardar y hacer guardar la Constitución Española”, que debe ser aplicada por “la más alta Magistratura y los Gobiernos” para “suprimir cualquier atisbo de secesión”. Todo participante en la “fractura de España”, en alusión al Ejecutivo de Cataluña, es susceptible de ser juzgado por “alta traición” ante los tribunales de la jurisdicción castrense.

Entonces Arturo Mas pugnaba por transgredir la ley de modo mucho más tibio que el ejecutado por Puigdemont o la intención independentista de  la marioneta Quim Torra con la alianza explícita ahora del socialismo, suciamente columpiado en el poder. Las mismas exigencias para Arturo Mas hace años, podrían haber sido trasladadas a quienes conspiran para ceder contra la integridad española, aunque alguno sea inquilino monclovita.

Seis años después, España se encuentra en la tesitura de ser gobernada por una presidencia impuesta sin beneplácito democrático de las urnas que busca legitimarse el 28 de abril, con una maquinaria desintegradora del Estado de Derecho que está atentando contra la imparcialidad de la Justicia y atacando directamente a los garantes de la Ley, como la Guardia Civil. Se inició una ofensiva frontal que pretendió eliminar los recursos y la eficiencia que plantan batalla a la corrupción política. La destitución fulminante del Coronel Jefe Manuel Sánchez Corbí, obedecía a razones políticas y no de reorganización, cuando el hasta entonces jefe de la UCO se había convertido en el eficiente azote de la corruptela en la Junta de Andalucía. Un mando policial con una excelente hoja de servicios  equivalente a la juez  Mercedes Alaya en el ámbito jurídico, ambos represaliados por la mafia política que era y es con mucho el partido más pútrido en corrupción en toda la Historia de España y de la democracia contemporánea. Llegado el socialismo al poder es descarado el pago de los pactos secretos y la influencia de la delincuencia política para santificarse crucificando a sus perseguidores por ley. Corbí fue el chantaje del PNV al que gobernaba para pagar su traición. Los vasallos ministeriales no eran menos culpables.

Fernando Grande-Marlaska pasó de ser el juez que salió del armario para reivindicar su condición sexual, cuya fama se ennobleció con el valiente gesto, a convertirse en mamporrero del PSOE con un Ministerio del Interior que levantó sospechas de intervencionismo más allá de sus competencias. Destituir a Sánchez Corbí por falta de confianza, con la complicidad del nuevo Director General de la Guardia Civil, Félix Azón, atufaba a estrategia previa para prescindir de él; a trampa contra el mando de la UCO al que se le pudo poner el cebo de notificarle que se suspendían los recursos económicos hasta nueva orden. Sospechoso era que el coronel de la UCO  lo creyera para después desmentirlo Marlaska.

El ministro del Interior justificó la destitución argumentando que era un grave error personalizar el éxito de la UCO sobre una sola persona. Será por ello que el sustituto fue un inexperto profesional, Laurentino Ceña Coro,  sumiso y al servicio del sectarismo gubernamental. Además estaba provocando que la Guardia Civil, principalmente, y la Policía Nacional se encontraran en franca indefensión frente a los delincuentes, incluso con los narcotraficantes crecidos en violencia, como la inmigración hostil de una España invadida y sin defensa acorde a los perjuicios derivados de tantas vulneraciones contra la Seguridad Nacional.

La APROGC, Asociación Pro Guardia Civil, mostró desacuerdo en la destitución de Sánchez Corbí y no debiera ser el último comunicado que dirigiesen frente a la desconsideración del ministro.  Marlaska se mostró como un sembrador más de la cizaña que ha soliviantado el país desde que Mariano Rajoy cediera el gobierno a los enemigos de España, tal y como se han ido desenmascarando. El desmantelamiento de la cúpula policial, quebrando con sectarismo el equilibrio y el consenso, era una muestra más de que tras el cordero aparente se escondía un lobo contra los defensores imparciales del Estado de Derecho.

Todos los ministerios de este Gobierno de imposición, cuyos trapos sucios no dudan en airearse con chulesca ínfula totalitarista, están bajo sospecha de millones de españoles civiles a los que se suman las Fuerzas de Seguridad del Estado. Son engranajes de un mismo motor que impulsa el pago del chantaje con que el PSOE ocupa la presidencia, esperemos que hasta el 28 de abril porque de lo contrario España no tendría perdón por consentir la estafa que sentó a Pedro Sánchez en el sillón presidencial bajo influencia bastarda.

Cuando no era la sospecha de traición o la intolerancia en las decisiones que dañaban a los cuerpos policiales en el desempeño de sus funciones de servicio y protección, la necedad imponía que se retiraran las concertinas de las fronteras o que se rebajase el nivel de alerta en previsión de atentados terroristas. Existía un desdén sintomático contra las autoridades policiales en todos los ayuntamientos gestionados por la radicalidad izquierdista, al que se sumaba un ministro del Interior cuya arbitrario sectarismo, desoyendo el consejo de los profesionales, pudo incrementar los daños de la invasión migratoria e incluso facilitar una nueva matanza en España.

Lejos quedará la imagen honrosa que erigió durante su discreto trabajo en la Audiencia Nacional o como miembro del Consejo del Poder Judicial. Cualquier imprudente podía sucumbir, como tanto ministro actual en fraude de ley,  al canto de las sirenas que es este gobierno capaz de pudrir el historial más digno de un profesional como era Grande-Marlaska. Más le hubiera valido quedarse donde estaba porque la fama de traidor a España ya recorre los acuartelamientos. La recién aprobada Ley Vasca de Abusos Policiales había sido denunciada previamente por los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado  declarando que resultaba ser una burla al Poder Judicial, contra las FSE y la ciudadanía que sufrió durante décadas la lacra del terrorismo. Consecuencias de la tibieza moral de este gobierno de arribistas que se ha vendido sin escrúpulos a la traición, traspasando todas las líneas de dignidad para prostituir las instituciones públicas.

La verdadera salida del armario del juez Marlaska ha sido la de la traición a los garantes de la seguridad nacional, formando parte de un gobierno de indeseables que ha dejado España a merced de sus enemigos por el intento de debilitamiento contra las Fuerzas de Seguridad.  Hasta el 28 de abril las espadas de la defensa del Estado están en alto contra la demostrada traición de quienes no han defendido en absoluto el trabajo de los Cuerpos de Seguridad, aval constitucional junto al Ejército en defensa de los derechos de todos los españoles ante los intereses tabernarios de grupúsculos políticos organizados, incluido el PSOE actual.

 

Ignacio Fernández Candela

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