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Contra el Salario Mínimo Interprofesional

PUBLICADO EL Miércoles, 02 Enero 2019 07:52 Escrito por
Salario Mínimo Interprofesional Salario Mínimo Interprofesional

El sentido común es el conjunto de prejuicios acumulados a través de los siglos, que generalmente la gente suele alcanzar alrededor de los 18 años de edad… Reflexión atribuida a Albert Einstein.

Supongo que ya sabrán que, el gobierno frentepulista que, preside Pedro Sánchez, ha decidido subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 735 a 900 euros mensuales a partir este martes, 1 de enero de 2019, lo que supone un aumento de  164 euros, el 22,3% respecto a la cuantía de 2018 y su mayor subida en los últimos 41 años.

Una de las prioridades que Pedro Sánchez manifestó, hace unos meses, que tendría su gobierno, una vez destituido Mariano Rajoy, era –lo decía entonces sin ruborizarse- luchar contra el paro… el compromiso de mejorar una situación trágica e indeseable: alrededor de 3,5 millones de españoles están desempleados (es decir, no están produciendo los bienes y servicios necesarios para sustentar sus vidas).

Es frecuente que algunos economistas hagan una sugerencia concreta para reducir en mucho el actual desempleo en España: eliminar el salario mínimo interprofesional. Por supuesto, cuando alguien tiene semejante atrevimiento, corre el riesgo de ser linchado, demonizado y propuestas aún más ocurrentes, por tener la valentía de cuestionar uno de los tabúes más importantes del llamado Estado del Bienestar.

Una de las formas más frecuentes de intervencionismo gubernamental es la fijación de salarios mínimos. En algunos países los tipos de salario mínimo, como el caso de España, los decreta directamente el gobierno. En otros lugares los gobiernos no intervienen directamente en la fijación de los salarios. Le dan carta blanca a los sindicatos, permitiéndoles que coaccionen a los patronos y empleados recalcitrantes. Como pueden comprender, si no fuera así, las huelgas no lograrían nunca los fines que los sindicatos persiguen. Si el patrono tuviera libertad para sustituir a los huelguistas, las huelgas no conseguirían forzarles a aumentar los salarios. Esencialmente, la política sindical consiste en la aplicación, o la amenaza, de violencia consentida, cuando no alentada por el gobierno. Los sindicatos representan, pues, una parte vital del aparato estatal de coacción. Cuando los sindicatos imponen salarios lo hacen en nombre y por delegación del Gobierno.

Es más, en España de una u otra manera tales formas de actuación están reconocidas en la Constitución como actuaciones legítimas.

Cuando los sindicatos de trabajadores consiguen forzar a los empresarios a aumentar los salarios, consiguen a su vez que una gran cantidad de trabajadores, parte considerable de la potencial mano de obra, esté desempleada, sufra paro permanente, o casi permanente.

Con la elevación forzosa de salarios, los empresarios se ven obligados a restringir la producción, y la demanda de mano de obra se reduce. Rara vez se preocupan los sindicatos, o los gobiernos como el de España, del inevitable resultado de sus actividades; no les importa lo que les pueda suceder a quienes no están afiliados. Estos lamentables efectos de los salarios mínimos se han hecho cada vez más perceptibles a medida que se han ido aumentando la capacidad de influencia de los sindicatos. Mientras sólo una parte de la mano de obra (en su mayoría trabajadores especializados) estaba organizada en sindicatos, el aumento salarial obtenido por los sindicatos no conducía al aumento, también, del desempleo, sino a un aumento de oferta de mano de obra en aquellos sectores industriales en los que no había sindicatos influyentes, o la presencia sindical era nula. Los trabajadores que perdían su empleo como consecuencia de la política sindical pasaban al mercado de los “sectores libres”, provocando en ellos el correspondiente descenso de los salarios. La consecuencia, y la secuela, de la subida de salarios para los trabajadores organizados, era un descenso de salarios para los trabajadores no organizados.

Pero las condiciones acabaron cambiando con la difusión del sindicalismo. Ahora, a los trabajadores que pierden el empleo en un sector de la industria les resulta más difícil emplearse en otros. Sencillamente son sacrificados.

Evidentemente el desempleo existe, y es casi imposible acabar con él,  incluso cuando no intervienen el gobierno o los sindicatos. Pero en un mercado laboral en el que el gobierno no se entromete (ni los sindicatos), prevalece la tendencia a hacer que el paro desaparezca. El hecho de que las personas desocupadas busquen trabajo acaba conduciendo a la fijación de tipos salariales a un nivel que, permita a los empresarios contratar a todos aquellos que quieren trabajar y ganar dinero. Pero cuando los salarios mínimos impiden un ajuste de los tipos salariales a las condiciones de la oferta y la demanda, el desempleo tiende a convertirse en un trágico fenómeno de masas permanente.

Por otra parte, la experiencia demuestra sobradamente que el gasto público no es un medio adecuado para acabar con el paro. Si el gobierno financia sus gastos mediante impuestos o mediante préstamos, restringe la capacidad de inversión y de gasto de los ciudadanos particulares en la misma medida en que aumenta su propia capacidad de gasto. Si el gobierno financia sus gastos mediante la inflación (emisión de papel moneda adicional o petición de préstamos a bancos comerciales) provoca una subida general de precios. Si entonces los salarios no suben, o no suben tanto como los precios de los bienes de consumo, es posible que desaparezca el paro. Pero, en tal caso, desaparece precisamente porque los tipos salariales reales se reducen.

El progreso tecnológico aumenta la productividad del trabajo humano. Con la misma cantidad de capital y de mano de obra se puede producir hoy más que antes. Se puede disponer de un excedente de capital y de mano de obra para la expansión de las industrias existentes o para la creación de otras nuevas. Se puede producir un paro tecnológico como fenómeno transitorio. Pero los desempleados pueden encontrar pronto un nuevo trabajo, bien en las nuevas industrias o en las existentes en camino de crecimiento y expansión. En la actualidad están empleados millones de trabajadores en industrias creadas en las últimas décadas. Y los principales compradores-consumidores de los productos –bienes y servicios- de las nuevas industrias son los propios asalariados.

Sólo hay un remedio contra el paro duradero de grandes masas: el abandono de la política de subida de salarios por decreto gubernamental o mediante la violencia, o la amenaza de violencia de los sindicatos.

El salario mínimo es una cantidad de dinero por debajo de la cual ningún empresario puede legalmente contratar a otro individuo. Hasta ayer, día 1 de enero de 2019, en España ese valor es aproximadamente 750€ al mes, incluyendo las pagas extraordinarias. Contratar por un sueldo inferior era considerado un delito, a partir de ahora lo será contratar a alguien por menos de 900 euros mensuales.

Quienes defienden la existencia de los salarios mínimos parten de dos premisas:

PRIMERA.- sería deseable que todo trabajador ganase por lo menos esa cantidad; cantidad que se considera a su vez como renta mínima para atender a las necesidades básicas de cualquier persona; y

SEGUNDA.- si no hubiera un salario mínimo, podrían llegarse a pagar sueldos mucho más bajos, lo cual conduciría a la explotación de los más débiles.

Como veremos a continuación, tales afirmaciones son absolutamente mendaces, puras falacias.

Indudablemente, es loable, nobilísimo, deseable que nadie gane menos de una determinada cantidad de dinero, pero ese deseo no es algo que se pueda conseguir mediante la coacción, de manera forzosa. Indudablemente, sería deseable que todos los españoles ganaran un mínimo de 900€ al mes; ¿y por qué no 1.000, o 5.000? ¿No sería todavía mejor? ¿No es apetecible que todos los españoles tuvieran plena salud física y mental, que comieran de forma sana e hicieran ejercicio diario? ¿No sería deseable que todos trabajáramos menos y ganáramos sueldos superiores? También sería deseable -¿No?- que cada español tuviera casa en propiedad, con piscina, garaje, criados, e incluso “jakuzzi”, como Pablo Iglesias e Irene Montero, los marqueses de Galapagar, y que todos pudiéramos veranear en Eurodisney, pongo por caso… ¿No sería deseable? E insisto, ¿por qué 900€ y no 700€? ¿O 650€?

Indudablemente no existe ningún argumento para determinar qué es y qué no es deseable… El salario mínimo interprofesional (como la pensión mínima y máxima de jubilación) es resultado de una decisión arbitraria de políticos profesionales, burócratas… que imponen a los demás sus decisiones a la fuerza.

La otra cuestión a la que se suele acudir para argumentar a favor de establecer un salario mínimo, es la necesidad de proteger a la gente vulnerable, a quienes están en situación de ser víctimas de abuso por parte de empresarios malvados, perversos, desalmados.

Bien, imaginemos que un posible empresario acuerda un contrato con un trabajador, por 700€, y el empleado está encantado de trabajar por 700€ – si ambos consideran que les beneficia realizar ese compromiso, si llegan a la conclusión de que a ambos les conviene (a pesar de que en España, actualmente está prohibido hacerlo),… y el empresario sólo necesita a alguien para que le vigile su negocio, pongo por caso, y cuide a su perro… y no tiene posibilidades de pagar más; e incluso, puede que el empleado viva con su madre, o esté estudiando y le interese ganarse un sueldo adicional, y considere suficiente lo que está dispuesto a entregarle el empleador… ¿No sería legítimo, lógico que ellos dos, solo ellos, decidieran voluntariamente llegar a tal convenio, si se pudiera, si la legislación laboral no lo prohibiera?

Como resultado de la actual normativa laboral, en España el empleador se queda sin recibir un servicio (al precio que puede pagar), y el empleado se queda sin un trabajo que aceptaría de buena gana al precio de mercado. O sea, al trabajador se le prohíbe, se le impide trabajar, y se le obligará a seguir desempleado.

¿Cuál es la causa de que no tenga trabajo? No es la maldita crisis, o el capitalismo salvaje, o los malvados empresarios, egoístas irracionales… Es una legislación absurda, estúpida e inmoral la que se lo impide. Resultado: el empresario, el posible contratante, no puede adquirir un servicio que él considera necesario para administrar su empresa (su proyecto productivo), y el trabajador, el posible contratado, no puede conseguir ingresos, ya que no se le permite trabajar para ganarse la vida. Si el empresario no tiene a nadie que le vigile la tienda, tal vez tenga que reducir las horas de apertura,… o, incluso, cerrarla completamente y dedicarse a otra cosa; si el trabajador no tiene ingresos, tendrá que vivir a costa de otros, sufrir, pasar hambre – o robar.

Ambos individuos han sido seriamente perjudicados por la intervención del gobierno, por una institución cuya única misión y razón debería ser proteger los derechos individuales, o sea: el derecho de cada individuo a su propia vida, el derecho a actuar para ganarse la vida.

Claro, me dirán que queda otro camino, otra opción: la economía sumergida, contratar al personal de forma clandestina, ilegal (tal como ocurre en la actualidad) a riesgo de ser sancionado, la posibilidad de no dar de alta al empleado en la seguridad social, y etc.

Establecer un salario mínimo legal es exactamente igual que si el gobierno decide que se deben pagar 5 euros por un kilo de tomates, (por poner un ejemplo) considerando que, esa cantidad le permitirá al vendedor conseguir una renta razonable, una vida digna, una vivienda digna, la posibilidad de alimentar conveniente a su familia, etc. Según ese razonamiento, quien quiera comprar o vender tomates por menos de ese precio estará incurriendo en delito, y correrá el riesgo de ser castigado.

¿Qué acabaría ocurriendo en tal caso? Pues lo mismo que está pasando ahora con el empleo. El tendero se quedaría sin vender sus productos, y el cliente se quedaría sin comer tomates; uno no podría seguir regentando su negocio, y el otro pasaría hambre.

Si el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el gobierno frentepopulista, desean pasar a la Historia como héroes, si el PSOE realmente quiere eliminar las causas del paro, debería empezar por una de ellas: derogar la absurda legislación del salario mínimo, en lugar de subirlo, como acaba de hacer. Evidentemente tendría que ir contra corriente, tendría que enfrentarse a una tremenda oposición, tendría que explicar, educar y convencer; pero los hechos y la lógica acabarían triunfando, porque de ese tipo de decisiones depende que millones de personas sigan desempleadas o que consigan trabajar para sustentarse. Si el gobierno frentepopulista de Pedro Sánchez actuara de otro modo, la actividad económica se reactivaría, la producción y la inversión crecerían, el empleo y los salarios aumentarían, la bolsa se dispararía, el círculo vicioso de la crisis se acabaría, o descendería enormemente. Decisiones de este tipo es lo que la economía necesita, lo que España necesita, y lo que acabaría mostrando la diferencia entre prosperidad y pobreza.

Si se eliminara el salario mínimo no veríamos a millones de personas muertas de hambre por las calles (tal como nos anuncian los apocalípticos), sino todo lo contrario: a millones de personas a las que se les devolvería la esperanza, la posibilidad –nada más y nada menos- de ganarse la vida.

El gobierno actual, los anteriores, y los que les sucedan, hablarán y hablarán hasta aburrir de que les preocupa el paro juvenil, que les preocupa que los jóvenes españoles mejor preparados acaben yéndose al extranjero, debido a que no encuentran posibilidades de trabajar en España, pues bien, esos mismos que hablan de que están preocupados (que no es lo mismo que estar ocupados) olvidan que el SMI es un hándicap importantísimo, un obstáculo que, impide el acceso de los más jóvenes al mercado laboral, pese a que los miembros del consenso socialdemócrata lo presenten como un logro, un signo de progreso.

Cuando se sube el SMI se deja fuera del mercado laboral a los trabajadores menos productivos y con menor experiencia.

Como reacción a la subida del SMI, como a las restantes imposiciones de costes laborales por parte del gobierno, el empresario suele contestar, responder, sustituyendo empleos por máquinas, reduciendo el número de empleados, o simplemente dejando de contratar.

Y si hablamos de los trabajadores autónomos que, junto con las pequeñas y medianas empresas, emplean a la mayoría de los trabajadores españoles, la subida del SMI les obligará, también, a aumentar los costes de su producción, empezando por tener que pagar más dinero por la cuota de autónomo. Evidentemente, el gasto, o lo repercuten en sus clientes, o acaban pasándose a la economía sumergida, o prescindiendo de trabajadores a los que, hasta entonces tenían empleados.

Éstas son algunas de las bondades de que, los gobiernos decidan cuál debe ser el Salario Mínimo Interprofesional.

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