Sábado, 24 Agosto 2019

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México ¿Una nación para los mexicanos? Ley de extinción de dominio

PUBLICADO EL Lunes, 12 Agosto 2019 17:22 Escrito por Hugo González
Senado de México Senado de México

Son muchas y muy importantes las iniciativas que se están llevando a cabo para transformar el México corrupto en una nación justa y con una riqueza distribuida entre los mexicanos. Pero los poderosos de siempre no se lo van a poner nada fácil al presidente López Obrador. "Veremos también el papel que jugarán los jueces y magistrados que como ya es costumbre siempre buscan mecanismos o fallas en la Ley, para otorgar amparos y proteger a los delincuentes".

 

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En los estados había algunas leyes locales que funcionaban mejor que otras, pero la limitación territorial y los criterios dispares disminuían su efecto.

El artículo 3 del proyecto de ley define a la extinción como “la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes a que se refiere la presente Ley, declarada por sentencia de la autoridad judicial, sin contraprestación, ni compensación alguna para su propietario”.

La solicitud de extinción de dominio, de un bien o una propiedad, estará a cargo del Ministerio Público que investiga un delito, pero el proceso se realizará de forma separada y por la vía civil. Un juez será el responsable de determinar, tras un juicio, si es procedente o no.

Al tratarse de una ley de carácter nacional, tendrá que ser observada e implementada tanto a nivel federal como estatal, bajo las mismas reglas. Es una de las principales diferencias respecto a lo que ocurre hoy en día, donde existe una ley federal y algunas locales con distintos procesos.

La Ley  contempla 11 delitos, entre ellos corrupción.

El Senado mexicano aprobó una nueva Ley de Extinción de Dominio que reglamenta la forma en la que pasarán a ser propiedad del Estado los bienes utilizados para cometer los delitos de secuestro, robo de hidrocarburos, trata de personas, robo de vehículos, tráfico de drogas, uso de recursos de procedencia ilícita, delitos por hechos de corrupción, y aquellos cometidos por servidores públicos, entre otros.

Esta norma, que sustituirá a la primera ley en la materia con la que contó nuestro país, vigente desde 2009, establece el procedimiento para que las autoridades administren y “moneticen” los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, destacándose el hecho de que el Estado podrá venderlos de manera anticipada, aún cuando no exista una sentencia firma al respecto.

Esto último hace que la ley pueda ser cuestionada en su constitucionalidad, tanto a través del juicio de amparo o mediante alguna acción de inconstitucional.

Esto quiere decir que el Estado mexicano puede vender de manera anticipada los bienes que estén sujetos al proceso de extinción de dominio, siempre y cuando se actualicen las siguientes circunstancias: que la enajenación se haga necesaria, por la naturaleza de los bienes; que estos representen un peligro para el medio ambiente o la salud.

Que, por el transcurso del tiempo, los bienes puedan sufrir pérdida, merma o deterioro; porque su administración o custodia resulten incosteables, o causen perjuicios al erario; que se trate de bienes muebles perecederos o de animales vivos; y que se trate de bienes que se deprecien sustancialmente con el transcurso del tiempo.

Esta noticia cayó como cubeta de agua helada a la oposición pues en algunos casos pueden ser sujetos a algún delito de los antes mencionados.

Veremos también el papel que jugarán los jueces y magistrados que como ya es costumbre siempre buscan mecanismos o fallas en la Ley, para otorgar amparos y proteger a los delincuentes.


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