Lunes, 17 Diciembre 2018

La ministro de Educación debe dar explicaciones del escándalo en la Universidad de Sevilla

PUBLICADO EL Jueves, 11 Octubre 2018 01:03 Escrito por
La ministro de Educación debe dar explicaciones del escándalo en la Universidad de Sevilla La ministro de Educación debe dar explicaciones del escándalo en la Universidad de Sevilla

El profesor Martín Ostos, catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Sevilla y una de la mayores autoridades, en esta materia a nivel internacional y colaborador habitual de La Tribuna de España, ha denunciado reiteradamente la manipulación que se ha llevado a cabo en la Universidad hispalense para que, finalmente, una plaza de profesor que sale a concurso vaya a parar a una candidata determinada y, parece ser que está muy bien "apadrinada".

Estas cosas sólo ocurren en España. Y sólo las denuncian hombres como el profesor Martín Ostos, héroes de la verdad y de la justicia que nada tienen que ganar metiéndose en estros "fregados" pero que deciden plantar cara al sistema y dicen: "Yo por ahí no paso".

Lo que está ocurriendo en la Universidad de Sevilla es una vergüenza para dicha Universidad y para la comunidad académica en general tan deteriorada tras conocerse cómo se obtiene doctorados sin investigar y llegas a ser presidente del Gobierno, cómo se hacen másters sin asistir a clases y puedes ser ministro de sanidad, presidente del PP o expresidente de la Comunidad de Madrid...

Si el Rector de la Universidad de Sevilla no da explicaciones claras a este respecto, por elevación, habrá que pedirlas a Isabel Celaá, la ministro de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España. ¿O también tendrá la ministro Celaá un curriculum sospechoso y no sirá ni palabra...?

Mientras tanto el catedrático Martín Ostos está sólo en su denuncia. ¿Dónde están los de Podemos o Ciudadanos que venían a regenerar "la casta"? Los partidos callan, la prensa del sistema calla... es el Régimen del 78, hoy por ti mañana y por mí, mejor no me meto en líos y ya me devolverás los favores...

Adjuntamos el último escrito presentado por el profesor Martín Ostos  al Rectorado de la Universidad de Sevilla sobre el escándalo de una plaza de profesor titular.

 

 

José Martín Ostos, Catedrático y Director del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Sevilla, a V.E.M., con el debido respeto,

 

 

E X P O N G O

 

 

PRIMERO.-  Que, con fecha de 14 de junio, 20 de julio y 4 de septiembre (todas ellas de 2018), he presentado, a través del Registro General de la Universidad de Sevilla, escritos de denuncia sobre los trámites seguidos para la aprobación del tribunal de una plaza de Profesor Titular de Derecho procesal (hoy, número 2/34/18). Ninguno de estos escritos ha recibido respuesta por parte del Rectorado de su digna dirección.

SEGUNDO.- Además de remitirme ahora al contenido de los citados escritos, junto con la documentación aportada con el primero, en este acto reproduzco, en síntesis, el contenido de mi denuncia: el Tribunal en cuestión se ha confeccionado en beneficio de una presumible candidata (la confirmación de este dato se tendrá en breve, apenas se hagan públicos los listados de firmantes). En efecto, de una propuesta presentada por ella en el Consejo de Departamento y remitida en su día al Rectorado, de los DIEZ nombres que constituyen el Tribunal (titulares y suplentes) OCHO de ellos coinciden plenamente con los propuestos por la futura opositora (entre los mismos se encuentra el de una Catedrática que no pertenece a Derecho procesal); además, se excluye a prestigiosos Catedráticos y Profesores de Derecho procesal que el Departamento había propuesto en su día por votación mayoritaria. También, se incorpora de oficio por el propio Rectorado otra Catedrática que no pertenece a Derecho procesal. En ningún caso se explica la razón por la que resulta procedente que una plaza de Derecho procesal sea valorada por Profesoras que pertenecen a otras disciplinas científicas. Es bien sabido que el Estatuto de la Universidad de Sevilla prevé la designación excepcional de miembros que no hayan sido propuestos en el seno del Consejo, del mismo modo que es de dominio público que tal previsión responde a finalidades bien distintas de las que aquí subyacen. Su uso torticero desvirtúa, por completo, el sentido de la norma. No solo no concurren circunstancias excepcionales que justifiquen su uso, sino que en la resolución en cuestión se prescinde de la debida motivación. Todo ello evidencia con una claridad meridiana que el procedimiento no se ha ajustado a la legalidad.

TERCERO.- Con fecha de tres de octubre, la Dirección de Comunicación de la Universidad de Sevilla emitió un comunicado en el que, además de calificar de falsa la noticia aparecida en la prensa (lo que, como bien saben, no es cierto), y de mantener que se desconocía que la Profesora en cuestión hubiera propuesto tribunal alguno, afirmaba que esta práctica es “habitual en muchas otras Comisiones” en nuestra Universidad (¡!) y que la incorporación de una Catedrática de otra disciplina jurídica “introduce un elemento de objetividad de cara al correcto desarrollo de la prueba“. La carencia de argumentación científica de tal afirmación, además de producir sonrojo, excusa de tener que hacer un comentario sobre tamaño desatino. Extender esta práctica a la Justicia o a cualquier otro ámbito de la Administración Pública daría al traste con los requisitos exigidos para el acceso a la Función Pública en un Estado de Derecho. Qué duda cabe de que realizar semejante declaración  arroja una infundada sombra de duda acerca de la imparcialidad y la profesionalidad de los Profesores del Departamento que dirijo, lo que no puedo admitir. Unas mínimas comprobaciones  hubieran sido suficientes para desistir de proferir tal infundio. Baste ahora con decir que, en los últimos dos años, se han aprobado tres tribunales de titularidad sin problema alguno.  

CUARTO.- El día cinco de este mes, la Secretaría General de la Universidad de Sevilla responde a unas cuestiones que planteé hace más de un mes, en relación con dicha plaza. En las mismas (firmada por la Sra. Secretaria General) se reconoce que, en la sesión de la Comisión Académica de 18 de junio de 2018, el Sr. Vicerrector de Profesorado fue el autor de una propuesta de Comisión Juzgadora para la plaza en cuestión (coincidente en su totalidad con la de la futura opositora). Él mismo lo justifica en el sentido de que, ante la existencia de un “conflicto” (pareciera como si el mero hecho de obtener votos dispares para dos propuestas distintas evidenciara la existencia de un “conflicto”…), debía actuarse “para salvaguardar los derechos e intereses de todas las partes”.

Por lo que respecta a la sesión de la Comisión Académica de 23 de julio, se afirma que, también, la nueva propuesta (diferente en parte a la de la anterior sesión e idéntica a la finalmente aprobada) ha sido presentada por el Sr. Vicerrector de Profesorado. Este dice que se han presentado dos propuestas en el Consejo de Departamento, habla de discrepancia e intentos de mediación y termina proponiendo un Tribunal coincidente en el 80% con el propuesto por la candidata. En ningún caso se explica la razón por la que otro Catedrático de Derecho procesal de la Universidad de Salamanca no es elegido como titular (en vez de quedar como suplente).

Tampoco, por supuesto, se incluye motivación alguna de las exclusiones realizadas, que afectan de manera directa a dos Profesoras que pertenecen a la Universidad de Sevilla, que son escandalosamente preteridas en favor de profesores adscritos a otra Universidad. Parece obvio  que la salvaguarda de los “derechos e intereses” de esas Profesoras, sometidas a un escarnio innecesario y a un debate público acerca de su objetividad e imparcialidad -no olvidemos que, hasta la fecha, ese es el único motivo aducido para el cambio de tribunal por el Sr. Vicerrector-, no es lo que subyace en la solución adoptada. ¿No son los derechos e intereses de estas dos Profesoras, igualmente, merecedores de salvaguarda? ¿No lo son, tampoco, el del resto de integrantes del tribunal, que ven cómo se introduce a dos Profesoras de áreas extrañas para garantizar su objetividad?

QUINTO.- El día cinco del también mes de octubre, con objeto de evitar mi participación en el mencionado tribunal, que considero que no se ha compuesto conforme exige el acceso a la Función Pública (dense por reproducidos mis anteriores razonamientos sobre la aprobación mayoritaria de la propuesta de la Profesora interesada, así como la exclusión de procesalistas e incorporación de Profesoras de otras disciplinas jurídicas), presenté al Rector un escrito solicitando mi abstención. Según informa la prensa, se me ha concedido (sorprendentemente, todavía no se me ha notificado).

Entre otras causas, manifesté mi deseo de no participar en un procedimiento cuya legalidad he venido discutiendo desde hace meses, no solo por una obvia necesidad de congruencia personal, sino también por el temor de incurrir, en caso contrario, en delito de prevaricación.

Obviamente, la única causa legal para conseguir la abstención era la de enemistad manifiesta, pero, como mi relación con la Profesora en cuestión había sido siempre excelente (hasta el punto de que ella misma, en su propuesta de Tribunal titular me incorpora como Presidente ¿qué mejor prueba de buena relación?), tuve que alegar que dicha enemistad era sobrevenida (RAE: “venida repentina e imprevista”), es decir, posterior al inicio de todos los trámites correspondientes a la plaza.

En virtud de lo expuesto, por este escrito me ratifico en el contenido de los tres anteriores, considerando que no se ha actuado con objetividad e imparcialidad en la composición de la plaza número 2/34/18 de Profesor Titular de Derecho procesal. Se ha aprobado la composición de un Tribunal

(Titular y Suplente) que coincide en un 80% con el propuesto por la persona interesada.

A ello hay que añadirle el agravante de incluir a dos Catedráticas que no son de Derecho procesal, cuando el Departamento aprobó la inclusión de otra Catedrática de Derecho procesal como Titular (precisamente de la Universidad de Sevilla) y de otros dos Catedráticos de la misma asignatura de la Universidad Carlos III de Madrid y de Salamanca, respectivamente. No existe razón alguna que justifique la exclusión de los dos primeros y el mantenimiento del tercero como suplente.

 

En consecuencia, por este escrito, una vez más,

 

 

S O L I C I T O

 

 

- Que se anule el concurso de la plaza mencionada y se proceda de nuevo a su convocatoria, con una composición de Tribunal acorde con las votaciones realizadas en el Consejo de Departamento de Derecho procesal.

 

- Que, habiendo sido propuestos en el Departamento con votación mayoritaria unos Catedráticos de Derecho procesal, estos no sean excluidos y sustituidos por Catedráticas ajenas a la disciplina en cuestión.

 

- Que, como consecuencia de la gravedad de lo denunciado en mis sucesivos escritos como Director de Departamento, se acuerde abrir una investigación sobre todo lo acaecido. Mis obligaciones como Director de Departamento me han llevado hasta este punto, pero permítaseme recordar que es el Sr. Rector quien tiene la obligación de investigar –y, en su caso, depurar responsabilidades- ante la posible comisión de actos vulneradores de la legalidad.

 

En Sevilla, a diez de octubre de dos mil dieciocho.

 

 

 

 José Martín Ostos

 

 

 

 

 

Excmo. y Magfco. Sr. Rector de la Universidad de Sevilla. c/San Fernando. Rectorado. Sevilla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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