Viernes, 19 Julio 2019

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Traje a medida en la Universidad de Sevilla

PUBLICADO EL Jueves, 27 Septiembre 2018 00:12 Escrito por
El rector favorece el fraude en la Universidad de Sevilla El rector favorece el fraude en la Universidad de Sevilla

El profesor José Martín Ostos, catadrático de  derecho Procesal de Sevilla y unas de las eminencias tanto docentes como jurídicas -no sólo de España sino a nivel internacional- denuncia grave irregularidad en la composición de un Tribunal en la Universidad de Sevilla, con implicación directa del Rector que podría estar incurriendo en un delito de prevaricación para favorecer la plaza que ya parece, previamente asignada, a una opositota.

Un escándalo que ofrece en primicia absoluta La Tribuna de España por contar entre nuestros columnistas habituales con el profesor Martín Ostos pero que, con seguridad, es cuestión de días que el tema acabe saltando -incluso- a la sumisa "prensa del sistema".

La valentía del catedrártico Martín Ostos de enfrentarse al Rector de la Universidad de Sevilla no resulta nada habitual en un mundo académico muy acostumbrado a soportar todas las arbitraredades que les sean impuetas. Por eso, es doblemente loable la actitud del catedrtático sevillano en defensa de la verdad y de la justicia.

 

I.- En nuestro Estado de Derecho, para ingresar como funcionario en la Administración Pública hay que superar unas pruebas objetivas ante un tribunal constituido por personas cualificadas e imparciales; entre otros requisitos, éstas han de gozar de la debida preparación en la materia. Lo afirmado también es aplicable en el acceso a la carrera académica.  

 

Como principio general, los miembros de un tribunal encargado de juzgar los ejercicios realizados por unos opositores deben tener unos reconocidos conocimientos en la disciplina de que se trate; difícilmente, por ejemplo, un catedrático de Historia podrá juzgar con acierto los ejercicios de una oposición para profesores de Filosofía. Incluso, dentro de la misma titulación académica, la especialización científica ha alcanzado tales cotas que se hace necesario que quien forme parte de un tribunal para una determinada plaza tenga sobrados méritos y competencias dentro de ese ámbito, es decir, sea un acreditado experto.

 

II.- Otro requisito indiscutible es la separación o distancia exigida entre los miembros de un tribunal y los opositores. Al respecto, la legislación administrativa establece unos rigurosos supuestos de debida abstención y su correlato de posible recusación. De este modo, se protege la debida imparcialidad y objetividad tanto en la composición del citado órgano  como en la actuación de cada uno de sus componentes.

 

En el marco jurídico actual de la Función Pública, resulta inadmisible que sea el propio opositor quien proponga a todos o a parte de los miembros del tribunal que ha de juzgarlo. De producirse ese supuesto, podríamos sospechar de la existencia de un contubernio que actuara de forma parcial e interesada apoyando a un candidato concreto, en detrimento de los restantes opositores. En otras palabras, dicho órgano estaría viciado desde su mismo nombramiento y sus decisiones podrían ser declaradas nulas.

 

III.- Pues bien, en la Universidad de Sevilla, en relación con el Departamento de Derecho Procesal que tengo el honor de presidir, se vienen produciendo unos acontecimientos que causan fundada preocupación y alarma. Con motivo de la composición del tribunal para una plaza de esta materia que ha salido a concurso público, tras una serie de peripecias administrativas y escritos dirigidos al señor Rector por quien esto suscribe (con el ánimo de evitar una posible irregularidad), la autoridad académica ha optado finalmente por una solución que, por inaudita y escandalosa, resulta digna de atención. En efecto, para formar parte del mencionado tribunal han sido excluidos prestigiosos especialistas que, en cumplimiento de la normativa reguladora de la Universidad de Sevilla, fueron votados mayoritariamente en el Consejo de Departamento. En su lugar se ha designado a algunas personas propuestas por quien, previsiblemente, será opositora en su día, con la agravante de que se incluye a dos profesoras pertenecientes a asignaturas, aun jurídicas, bien distintas (usando el ladino argumento de que se trata de áreas “afines”). Una de esas profesoras fue incluida a solicitud de la interesada; la inclusión de la segunda ha sido consecuencia de una actuación de oficio por parte del propio Rectorado.

 

En ningún momento se ha explicado la razón por la que no se sigue el criterio mayoritariamente manifestado por el Consejo de Departamento y se priman, en cambio, los deseos de quien sería parte interesada en el proceso de selección. La comentada decisión de la Universidad de Sevilla claramente puede beneficiar a una determinada persona, que fue la que en su día propuso mediante un escrito, firmado por ella misma, a los profesores preferidos para su tribunal. Resulta patente, por tanto, la desatención a los criterios de mérito y capacidad exigidos en la Función Pública.

 

IV.- Lo expuesto es de una extrema gravedad. Nunca en mi vida universitaria (dentro de unos meses cumpliré treinta y cinco años como catedrático de Universidad) he tenido noticia de la composición de un tribunal a capricho del opositor.

 

En resumen, nos encontramos ante un concurso para el acceso a la Función Pública en el que el organismo oficial designa como miembros de un tribunal a casi todos los que han sido previamente propuestos por la presumible candidata. El tiempo dirá si había razón para la sospecha. Por si ello no fuera bastante, además, se incorporan al citado órgano evaluador a dos profesoras de otras disciplinas científicas, cuya presencia resulta muy difícil de justificar. Especialmente complejo sería explicar –y, de hecho, la resolución rectoral ni siquiera lo intenta- la inclusión en el tribunal de una profesora que en ningún caso fue propuesta (ni por el Departamento ni por la profesora interesada) en el referido Consejo.  

 

 A la vista de todo ello, es nuestro deber, académico y moral, hacer pública una situación verdaderamente escandalosa, con claros visos de posible irregularidad, en cuantos foros estén a nuestro alcance. Esperamos que así se pueda evitar un serio daño al prestigio de la Universidad de Sevilla.

José Martín Ostos

Catedrático de Derecho Procesal.

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