Miércoles, 24 Abril 2019

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Servicios Sociales roban los hijos a las madres que se alojan en sus refugios: el caso de Ana Mª Franganillo

PUBLICADO EL Jueves, 21 Marzo 2019 08:10 Escrito por Dr. Juan Mariano Pérez Abad
¿Cómo pueden robar un hijo a su madre sólo por ser pobre? ¿Cómo pueden robar un hijo a su madre sólo por ser pobre?

 

El sector de la Administración más sensible al cáncer de la corrupción y donde resulta más monstruosa, es el destinado a ayudar a los sectores más débiles y desfavorecidos de la Sociedad, especialmente la infancia. Cuando se atraviesa una situación económica desesperada y se pide ayuda a los Servicios Sociales, quienes tienen hijos menores de edad corren un grave peligro de que se los quiten, arrebatándoles la tutela en nombre del Estado para poder “distraer” una gran parte del dinero público destinado a su manutención. Una de las situaciones más características es la de las madres con niños pequeños que aceptan alojarse en los albergues (pisos tutelados) para mujeres maltratadas o en riesgo de exclusión económica. En muchas ocasiones, la ayuda que les ofrece termina en rematarlas” arrancándoles a sus hijos.

Para documentarlo, nada mejor que un ejemplo real: Ana María Franganillo Venegas, limpiadora de profesión y natural de Barcelona, es madre de 3 hijos. Los 2 primeros, Daniel y Nerea Marzal Franganillo (ya mayores de edad) permanecieron bajo custodia compartida tras el divorcio con su padre, con el que vivía en Castellón desde que se casó.

El hombre con el que había constituido su segunda pareja la abandonó cuando se enteró de su nuevo embarazo, dejándola sin suficientes recursos para poder afrontar por sí sola el alquiler del domicilio que compartían. El parto fue el 2 de abril de 2015. La maternidad le hizo perder el trabajo y, como consecuencia, se vio bajo la amenaza de ser desahuciada con un recién nacido en brazos. Para evitar llegar a ese extremo, no se le ocurrió otra cosa más que acudir a Servicios Sociales a pedir ayuda. En vez de concederle ayuda para comida y alquiler, la alojaron de inmediato, junto con su hija Nerea (que entonces aún era menor de edad) y su bebé, en un piso tutelado para mujeres maltratadas y en riesgo de exclusión económica que se encuentra en la calle Calvo 5 de la ciudad de Castellón. Allí se alojaban un total de 7 mujeres, 3 de ellas con hijos. Tan solo una consiguió salir de allí con ellos.

 

 

Pisos de acogida que parecen prisiones

 

 

 

Nos parece importante reflejar las declaraciones en las que Ana describe aquel piso como algo más parecido a una prisión de segundo grado que a un refugio, con un estricto control presencial y horarios rígidos, siempre bajo la amenaza de perder al niño ante la menor desobediencia. Nos dice que percibió enseguida que querían quitarle a su niño y que está convencida de que, si no lo hicieron de inmediato, fue porque le estaba dándole de mamar. Cuenta que, en el verano de 2015, solicitó permiso para abandonar la residencia e irse a vivir a Jaén, en una situación económica desahogada, con el hombre que hoy es su pareja, pero se lo denegaron diciendo que se trataba de “un amigo imaginario” y le amenazaron con buscarla “por muy lejos que se escapara” para quitarle el niño.

El 11 de noviembre de 2015, le hicieron pedir por escrito el permiso para abandonar la residencia para asistir al entierro de su madre y, a pesar de que volvió antes de que le venciera, aprovecharon para declararla en riesgo de fuga (argumento que luego utilizaron para quitarle al niño)

Poco después, el 30 de noviembre de 2015, le quitaron a su hijo. Lo que nos cuenta de aquel día parece una película de terror: la citaron en sus oficinas para “firmar unos papeles”. El técnico Rafael Puchol y la psicóloga Dina González Gil eran los que la venían atendiendo con un trato despectivo y le habían estado amenazando con quitarle al niño, pero quienes la esperaban ese día eran la Directora Territorial, Carmen Fenollosa Egea, y la Jefa de Sección de Menores, Raquel Martínez Garay. La recibieron amablemente, le ofrecieron una habitación cercana para que durmiera el bebé y se la llevaron al despacho. Entonces, como si se tratara de una emboscada, la encerraron allí, le dijeron que no volvería a ver al niño nunca más y que permaneciera allí dentro hasta que vinieran a llevárselo. Entre sollozos, intentó escapar un par de veces, pero la sorprendieron. Aún tuvo que esperarse allí más tiempo porque, se habían llevado su bolso y sus pertenencias con el niño y tuvieron que volver a traérselos.

Seguramente, el dinero público que sufragaba su estancia en aquel albergue debía generar algún tipo de “beneficio”, porque aún le hicieron vivir en aquel piso durante 3 meses más, si quería que le dejaran tener derecho a visitas con el niño (1 hora cada 15 días) que por entonces tenía 7 meses de edad. Estuvo con una primera familia de pre-acogida durante 6 meses, tiempo durante el que, según Ana Mª, acudía sucio y mal vestido a las visitas y sufrió una bronquiolitis. Cuando lo cambiaron de familia, estuvo mes y medio sin poder verlo.

Al reanudar las visitas, el niño tenía mejor aspecto, pero 3 meses después, en agosto de 2016, se las interrumpieron y ya no ha podido volverlo a ver. Cuenta con rabia cómo todavía tuvo que sufrir que, en una de las muchas visitas que hizo a las oficinas de Menores para presentar escritos de protesta, el técnico Rafael Puchol amenazara a su hija Nerea (que tenía unos 14 años) con quitarle también a ella los hijos que tuviera cuando se hiciera mayor, si no se callaba.

Varios funcionarios más, a los que Ana Mª nunca llegó a conocer, participaron de forma directa o indirecta, con sus firmas, informes y autorizaciones, a sustraerle a su hijo. Funcionarios que tienen nombres y apellidos y un cargo público con sueldo a cargo de las Arcas del Estado, pero que no deben tener corazón. Funcionarios como la Jefa de la Sección de Familia y Adopciones, el Secretario de la Comisión Técnica de Menores, el Jefe de Servicio de Infancia, Adolescencia e Igualdad o la Jefa de Sección de Menores I, y tantos otros esbirros de una corrupción que está destruyendo los valores más sagrados de la condición humana en todos los rincones de nuestra nación.

 

 

Un funcionario puede quitar un hijo sin orden de ningún juez

 

 

Hay que recordar que, con la actual legislación, esa decisión de arrancar a un niño de los brazos de su madre está en manos de un funcionario, sin necesidad de que tenga que intervenir un juez. Hemos tenido acceso a la Resolución de Desamparo de este caso que, excusándose en aquel supuesto riesgo de fuga, se realizó por el trámite de urgencia. El documento contiene afirmaciones falsas, como la de que Ana llegase a pasar alguna noche durmiendo con el bebé en la calle. En su lectura apreciamos un argumento que infringe frontalmente la Ley del Menor en vigor, concretamente en su alusión a la carencia de recursos materiales (pobreza) como motivación del procedimiento. El resto de los argumentos en los que se basa el desamparo nos parecen abstractos, inconsistentes y no reflejan su base probatoria en el documento.

Uno de los datos que ejemplifica con más evidencia la dramática indefensión de estos padres es el que, si en el documento de desamparo figura la fecha de 11-11-15, el juicio en el que ella podía defender su protesta se celebró el 26-06-18, más de 2 años y medio después. Se celebró en el Juzgado de Primera Instancia Nº 7 de Castellón, del que era titular el magistrado José Luis Conde-Pumpido Gargía. La lectura de su sentencia nos sirve de ejemplo para exponer el irregular funcionamiento de la Justicia en el tema de las declaraciones de desamparo:

  • En primer lugar, se aprecia una inusitada premura en la redacción de estas sentencias. En este caso, se firma con fecha 28-06-18, dos días después de la vista.
  • Todos y cada uno de los hechos que el juez da por probados en la sentencia los basa en “el testimonio del expediente administrativo que obra unido a los autos” y otros informes elaborados por los propios Servicios Sociales. Esa manera de proceder desvirtúa por completo la esencia misma de la Justicia, pues se anula toda imparcialidad en el conflicto entre los padres que reclaman contra el desamparo y los funcionarios de los mismos Servicios Sociales que lo declararon.
  • Esta, como otras tantas de estas sentencias, se validan más o menos explícitamente motivos de desamparo que, como el de la pobreza, vulneran aparentemente la legislación vigente.
  • En esa misma línea, se rechazan o ignoran sistemáticamente todos los testimonios y pruebas aportados por los reclamantes. En este caso se añade que la sentencia interpreta con un sesgo aparentemente intencional (en contra de la madre) la demora de unos 6 meses en la presentación de su oposición a la resolución ante los tribunales, ignorando los escritos de reclamación presentados por esta ante los Servicios Sociales.
  • El desafortunado papel del abogado de oficio que le fue asignado (causa real de la citada demora) se repite de forma habitual en todos los temas relacionados con los Juzgados de Familia. Los equipos técnicos al servicio de la Administración que elaboran los informes en los que se basan esas declaraciones, suelen ser los mismos que actúan en las peritaciones de los divorcios. Enfrentarse a ellos podría suponer un auténtico suicidio profesional para un letrado que va a tener que seguir trabajando de forma rutinaria con ellos en los mismos juzgados. El problema se ve agravado por la enorme dificultad para conseguir la inhabilitación de los técnicos que falsean intencionadamente los informes porque, por norma, siempre se interpreta como “error” las peritaciones de estos empleados públicos que no se corresponden con la verdad.

 

Feminismo institucional cómplice

 

Como es regla habitual, la sentencia fue desfavorable al progenitor que reclamaba, en este caso Ana Mª. Como también es habitual, ella ha presentado apelación ante la Audiencia Provincial, que aún está pendiente de una fecha de señalamiento. Pero de lo que nos cuenta la Sra. Franganillo, lo que nos resulta extraordinariamente llamativo a los que no conocemos las normas de garantía procesal en este tema es que el próximo día 6 de mayo va a celebrarse el juicio por su oposición a la adopción de su hijo, aún antes de tener siquiera fecha fijada para la apelación al desamparo.

En estos casos de mujeres que pierden a sus hijos en “refugios feministas” es donde se hace más evidente la estrecha vinculación del Feminismo Institucional con este tipo de actividades irregulares dentro de la Administración, en las que se destruye sin compasión a niños y familias, dentro de un substrato en el que se maneja una enorme cantidad de fondos públicos sin un control adecuado de gastos ni de resultados.

 

Juan Mariano Pérez Abad en exclusiva para La Tribuna de España

 

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