Viernes, 19 Julio 2019

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Servicios Sociales de Murcia secuestran ilegalmente a unos niños. Ahora la madre reclama medio millón de euros a la Consejería de Familia de la Región de Murcia

PUBLICADO EL Martes, 25 Junio 2019 10:18 Escrito por
López Miras y Noelia Arroyo no asumen ninguna responsabilidad política. Tampoco nadie se las pide... López Miras y Noelia Arroyo no asumen ninguna responsabilidad política. Tampoco nadie se las pide...

Esto es España. Así funcional la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Un simple funcionario de los Servicios Sociales decide quitar la tutela de los hijos a una buena madre, una profesora de inglés que no tiene ningún problema para ejercer el cuidado de sus pequeños. Un año después la Administración admite su error y devuelve a los niños con su madre. Nadie asume responsabilidades políticas y, lo que resulta mucho peor, tampoco ningún partido las pide. Algo tan importante como la tutela de un menor puede ser decida arbitrariamente por un funcionario sin capacidad ninguna.

 

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El abogado murciano Ramón Jiménez ha presentado una demanda contra la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Región de Murcia exigiendo una indemnización de 500.000 euros para su clienta, Raquel Cánovas Serna y sus dos hijos, por los daños y perjuicios causados por la Administración Pública.

Los hechos se remontan al mes de julio de 2017, cuando Raquel, profesora de inglés y madre de dos niños de 4 y 2 años (IAC y TAC), recibió una llamada de los servicios sociales mediante la que se le informaba, sin previo aviso, de que tenía que ingresar a sus dos hijos urgentemente en el centro de menores «Cardenal Belluga» de Murcia, donde los niños permanecieron ingresados durante once meses y catorce días.

Según la entidad pública, los menores se encontraban en situación de desamparo porque existían sospechas de que ambos podían haber sufrido abusos sexuales por parte de dos parientes (su padre y su tío-abuelo).

Sin embargo, no fue la Administración quien alertó de esta situación a las autoridades competentes, sino que fue la propia madre quien, ante las verbalizaciones de sus hijos, denunció voluntariamente —y hasta en dos ocasiones— los posibles abusos ante el Cuerpo Nacional de Policía. Además, antes de que la entidad pública declarara la situación legal de desamparo de los menores, los presuntos agresores de los niños estaban ya totalmente aislados del entorno de estos, ya que, por un lado, el tío-abuelo había sido detenido y, por otro, el padre había sido condenado, por sentencia firme, a la pena de dieciséis meses de prohibición de aproximarse a menos de quinientos metros del domicilio y el centro escolar de los menores.

Por otra parte, como viene siendo práctica habitual en las declaraciones de desamparo de menores, la Administración también cuestionó la salud mental de la madre, a pesar de que la misma ya había acreditado mediante informes psicológicos y psiquiátricos que no padecía enfermedad mental alguna.

Transcurrido casi un año desde el internamiento de los menores, la entidad pública autorizó la baja de los niños en el centro de menores, retornando ambos con su madre. No obstante, el daño ya estaba hecho.

La Tribuna de España

Equipo de redacción.

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