Viernes, 19 Julio 2019

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Puigdemont en las Elecciones Europeas ante una Justicia ausente

PUBLICADO EL Miércoles, 08 Mayo 2019 19:59 Escrito por
Golpista Carlos Puidemont Golpista Carlos Puidemont

 

Tres juzgados de lo contencioso-administrativo de Madrid han dado luz verde-previo rebote del Tribunal Supremo y a falta de dirimir los recursos anunciados por PP y Ciudadanos en el Tribunal Constitucional-a las candidaturas de Carles PuigdemontToni Comín Clara Ponsatí en Europa para las próximas elecciones. De este modo se anula la exclusión que había decretado la Junta Electoral Central (JEC). Semejante decisión ha creado un malestar patente entre los mismos jueces, si acaso ya era sospecha que los favores continúan previas conversaciones ocultas y a pesar de los conflictos de competencias.

Para muchos atónitos ciudadanos la credibilidad de la Justicia está bajo mínimos con argumentaciones legales harto artificiosas como la esgrimida contra el juez Pablo Llarena, para permitir que el delictivo y fugado Puigdemont pueda presentarse a las Elecciones Europeas. Acaso  se esté pagando el peaje definitivo del que fue un inicio de traición perpetrado a cambio de cambalaches de poder. Si no existe linealidad en las actitudes, una coherente interpretación de la ley por la salvaguarda del Estado de Derecho, es porque la vulnerabilidad de la Justicia es achacable a la parcialidad política de los jueces. Una vergüenza generalizada que solo la probidad de algunos tribunales minora ante el hecho de que no todos los togados son influenciables por las decisiones políticas, aunque se sabe el caro precio con que se somete la honrada imparcialidad.

No da abasto la Justicia sobrepasada en España por una condición de sectarismo que se origina en los intereses políticos y  las conveniencias personales. No es criterio ajeno a la condición jurídica esto, sino denuncia interna de los mismos afectados que vistiendo la toga fueron destituidos de sus cometidos tal y como denunció la juez de los ERE Mercedes Alaya. No solo se pronunció sobre la corrupción sino también sobre la protección que encuentra en jueces parciales, cuando otros no son presionados y extorsionados para encubrirla. Y su sustituta Núñez Bolaños le dio la razón. La Justicia no impone lo suficiente para tanto desmán provocado por las esferas politizadas que han llevado hasta las últimas consecuencias la ilegalidad y la relativización del delito. Es normal que se crezca un fugado de la Justicia favorecido por decisiones partidarias basadas en pactos inconfesables.

El problema de la ausencia de imparcialidad no solo protege las corruptelas, también agrava la indefensión del ciudadano ante tamañas arbitrariedades que afectan el devenir del país y el amparo de derechos inherentes a un Estado democrático. Además, la ausencia de solidez da una apariencia de sometimiento de los tribunales ante los delincuentes, a la postre favorecidos por la indeterminación de quienes deberían proteger la ley.

El conflicto de la debilidad de nuestros organismos de justicia es mucho mayor que lo aparente, añadido a la sospecha de parcialidad. Paulatinamente, peligra con estas erosiones el propio principio de libertad sobre el que se basó nuestra sociedad desde que siguió la senda constitucional. La detención reciente del presidente del Grupo Tribuna de EspañaJosele Sánchez, demuestra la degeneración de un sistema cuyos abusos son silenciados en función de los intereses denunciados.

Está en juego el propio sistema de libertades cuya amenaza se incrementa cuanto más deliberada es la vulneración de la imparcialidad en los estrados de la Justicia. Una debilitación de la democracia que proviene de la tibieza judicial que no emana de jueces determinantes y resueltos a impartir justicia, como Pablo Llarena o Mercedes Alaya, sino de  una estructura jurídica hecha a propósito del disimulo y la ocultación según lo juzgado.

En realidad no solo en los tribunales están vulneradas las leyes, sino también en el ámbito institucional y social. Con todo ello si esta justicia nuestra está superada por los acontecimientos, puede decirse que España entera está transgredida y amenazada del mismo modo que el juez Llarena, cuya misión imparcial de juzgar lo acaecido en Cataluña se metió en el mismo saco de un plan de intimidación a propósito del procés. 

De nada sirve extirpar un tumor maligno si se descuidan las muestras residuales que pueden provocar una metástasis, tal cual está gestándose en Cataluña con el evadido Puigdemont listo para presentarse a las Elecciones Europeas. La convulsión social se ha buscado repetidamente al límite del colapso. Cuando se traspasen las barreras será muy difícil prever las consecuencias de esta indolencia gubernamental en ciernes: la que permitirá un desorden público que si no se remedia puede convertirse en un profundo conflicto justificado por oportunismos delictivos, disfrazados de pretextos político que permiten lucirse al delincuente reivindicando las mismas exigencias que lo llevaron a ser un fuera de la ley. De locos, o más bien de vergüenza.

 

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