Domingo, 21 Julio 2019

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La Fiscal General del Estado encubridora de una Red de Tráfico de Menores. María José Segarra fue denunciada estando al frente de la Fiscalía de Sevilla y la Fiscalía General del Estado echó tierra sobre el asunto

PUBLICADO EL Viernes, 05 Julio 2019 08:26 Escrito por
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La Fiscal General del Estado, María José Segarra Crespo, fue denunciada como encubridora de una Red de Tráfico de Menores cuando estaba al frente de la Fiscalía de Sevilla. Pese a la contundencia de las pruebas, la Fiscalía General del Estado archivó la denuncia.

 

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Ayer La Tribuna de España publicaba una noticia sobre un escándalo en Italia por el descubrimiento de una mafia institucional dedicada al secuestro de niños, una información que en pocas horas se convertía en viral a través de las redes sociales.

Pero el bombazo informativo llega hoy con esta noticia: la mismísima Fiscal General del Estado, María José Segarra Crespo, fue denunciada como encubridora de una Red de Tráfico de Menores.

Rafael Cuesta Torrús, natural de Arjonilla (Jaén) y vecino de la provincia de Sevilla, denunció a la entonces Fiscal Jefe de Sevilla, María José Segarra Crespo, ante la Fiscal General del Estado, por obstrucción a la Justicia, instándole a que le presentara una querella por bloquear la investigación sobre la elaboración de informes falseados por los Equipos Psicosociales de los Juzgados de Familia y Menores dependientes de la Junta de Andalucía, en la que se incluye al Colegio de Psicología de Andalucía Occidental.

En octubre y noviembre de 2.013, la Fiscal recibió órdenes de los Fiscales General del Estado y de la Fiscalía Superior de Andalucía para investigar este turbio asunto.

Pero es que, además, la Fiscal Jefe de Sevilla desobedeció el Acuerdo de la Inspección Fiscal sobre el Expediente Gubernativo 211/2013 que le ordenaba unir todas las investigaciones sobre el tema en las Diligencias 225/2013 de la Fiscalía Provincial de Sevilla; lejos de cumplir esta orden, María José Segarra Crespo se dedicó a dispersarlas en 13 diligencias abiertas en los Juzgados de Sevilla, con la evidente intención de imposibilitar así la investigación.

Además, la actual Fiscal General del Estado requisó documentos dirigidos por ciudadanos a los fiscales encargados de algunas de las Diligencias abiertas, impidiendo así su esclarecimiento y abriendo -en paralelo- expedientes dentro del Ministerio Fiscal, o forzado la apertura de otros expedientes judiciales con el objetivo de dispersar las investigaciones y descontextualizar lo que sucede.

 

Ningún juez, ni ningún fiscal, pisan la cárcel en España en cuatro décadas de supuesto Estado de Derecho

 

Pero ¿qué pasa cuando se denuncia a un juez ante el Consejo General del Poder Judicial?

¿Qué ocurre cuando se denuncia a un fiscal ante la Fiscalía general del Estado?

¿Algún lector sabe el nombre de algún juez o fiscal que haya ingresado en prisión en los últimos 40 años?

Porque son mínimos los políticos o los altos mandos policiales o militares que han pisado una cárcel pero, miembros del “mafioso sistema judicial" español, no ha habido ninguno desde que se instaló este chiringuito putrefacto llamado Régimen del 78.

 

Resultado de imagen de Fiscal general del estado segarra y dolores delgado ministro justicia

 Fiscal María José Segarra Crespo fue premiada ascendiéndola ¡nada menos! que a Fiscal General del Estado

 

 

Bueno, pues aquella más que justificada denuncia, una denuncia más que avalada documentalmente, fue archivada ¿por quién? por la Fiscalía General del Estado y, tras la más que sospechosa muerte en Argentina del Fiscal General Maza, los expedientes de desamparo en Andalucía se paralizaron.

El problema de Rafael comenzó durante su proceso de divorcio con María del Carmen G. V., en el que ella intentaba obstaculizar a toda costa su contacto con los hijos, a pesar del daño que les pudiera provocar. A los motivos habituales (que siempre se repiten riéndose de la justicia y, sobre todo de las víctimas, los niños y los padres a quienes se les priva de sus hijos) Rafael Cuesta hubo de sumar la mala suerte tener por cuñada a una mujer con gran peso social en Cádiz, con cargos e influencias importantes en instituciones benéficas, políticas y feministas con un PSOE en la Junta de Andalucía tan propenso a el compadreo y la corrupción más miserable.

 

Falso psicólogo, falsa denuncia de violencia de género, letrados feministas inmorales y "amaños" para conseguir condenas en los juzgados de Sevilla

 

 

En toda España en general, pero de manera muy especial en esa Andalucía sometida a la tiranía socialista desde que se inició el degenerado sistema de las Autonomías, privar a un padre de sus hijos es más fácil que renovarse el DNI.

Durante los últimos años de relación de pareja, Mª Carmen acudió al “falso” psicólogo Víctor Espinosa Escobar (carece de título en Psicología) que conspiró con Concha y con la letrada María del Mar Arredondo Sánchez, para inducir a Mª Carmen a presentar una denuncia de violencia de género contra Rafael. Se apoyaron en informes falsos elaborados por la psiquiatra privada Lourdes Pacheco Reyna y el Psicólogo privado José Antonio Vallo Suárez, que tiene una importante influencia en el Colegio de Psicología de Andalucía Occidental y los anteriores miembros del Equipo Psicosocial Nº 1 de los Juzgados de Sevilla.

Allí se “amañaron” los informes para conseguir una condena, que finalmente Rafael Cuesta pudo, afortunadamente evitar; debemos insistir en la astronómica cantidad de padres condenados por falsas denuncias de violencia de género (que no refleja ninguna estadística porque los datos que ofrece el Ministerio de Justicia son los de sus propias condenas y no va admitir que en España se condena a inocentes), varones que son procesados, condenados y separados inmoralmente de sus hijos.

 

La Fiscal General del Estado y "los Nuevos Niños Robados". Los errores judiciales los pagamos de manera millonaria todos los españoles. Jamás un Juez o un Fiscal ha sido condenado a ninguna pena significativa por sus meteduras de pata.

 

 

 

Hay "meteduras de pata profesionales" y ¡meteduras de pata profesionales!: no es lo mismo que una estanquera se equivoque con la marca de tabaco que te vende a que un piloto de aviación comercial cometa un error al mando de un avión con pasajeros.

Cirujanos y médicos, maquinistas de RENFE, conductores de autobuses, pilotos de aviación... hasta los periodistas pagamos grave y proporcionalmente por nuestros errores. Sin embargo, jamás un juez o un fiscal es condenado cuando sus "meteduras de pata" suponen incluso asesinatos.

Así, el juez sobre cuya conciencia pesará siempre el asesinato de la niña Mari Luz Cortés toda la pena que tuvo fueron 6.000 euros de multa (calderilla para el sueldazo que todos los meses pagamos de nuestros bolsillos a los magistrados) y traslado a otro juzgado. 

El juez de vigilancia penitenciaria que contra todos los informes concedió la libertad al asesino de Laura Luengo, dormirá ocho horas a pierna suelta y no ha recibido sanción administrativa ¡ni mucho menos se ha abierto un procedimiento penal contra él!.

Y qué decir del magistrado que en Alicante pone reiteradas veces en libertad al mismo individuo octogenario que vende droga y abusa sexualmente de niñas de 14 años en su caravana de Alicante: los propios agentes de la policía nacional manifestaban a este periodista su desesperación, hartos de detenerlo -una y otra vez- acusado de idénticos delitos..

O en la misma ciudad, la segunda capital del Reino de Valencia, los integrantes de "La Manada de Alá" que han provocado múltiples violaciones y que sistemáticamente son puestos en libertad por unos magistrados mucho más preocupados en no ser tachados de islamófobos que en instruir justicia.

De verdad que a veces uno desearía que las víctimas fueran las hijas de estos magistrados a ver si tienen el mismo criterio a la hora de "ponerlos  tranquilamente en la calle", puestos y dispuestos a volver delinquir gravemente.

Mientras tanto, nuestro director, Josele Sánchez, teniendo que firmar todos los lunes ante un juzgado como si de un peligroso criminal se tratara.

Después de 40 años de Régimen del 78 la frase del no menos corrupto rey Emérito "aquí la justicia es igual para todos" es la mayor demagogia que se ha dicho jamás en España:"En España la justicia es igual para todos, excepto para los miembros de la Familia Real, los jueces y los Fiscales". Y ustedes dirán, sí pero el marido de la infanta Cristina de Borbón está en prisión. Este periodista es tan mal pensado que ni siquiera tiene la certeza de que ésto sea así y, en caso de serlo, ¿conocen algún recluso para el que se construya todas unas instalaciones en una prisión, una cárcel de lujo y en exclusiva para él?

En España parece que los privilegios de los que gozaba el narco colombiano Escobar eran cosa de película, pero aquí jueces y fiscales están absolutamente blindados y, a mayor abundamiento, se blindan entre ellos con un vomitivo corporativismo.

Nuestro propio director lo está sufriendo en el "caso Bar España" donde la juez del Juzgado de Instrucción 5 de Castellón instruye la denuncia contra un Josele Sánchez que, entre otras muchas personas, acusa de los más graves delitos a su compañera de despacho, pared con pared, la juez de Instrucción del Juzgado 4 de Castellón. Y a buena fe que las irregularidades, la indefensión y el trato contrario a sus Derechos Fundamentales que está recibiendo Josele Sánchez podría estar rozando el delito de prevaricación, algo que no debe inquietar lo más mínimo a la magistrado porque sabe perfectamente que jamás será condenada.

Fíjense hasta dónde llega el poder totalitario de jueces y fiscales que una denuncia contra un magistrado o contra un fiscal resulta complicado hasta el extremo encontrar un procurador que te represente (y eso que la figura del procurador, absolutamente obsoleta e inútil y que sólo existe en el derecho español, sólo consiste en hacer de "cartero", entregar y recibir documentación). Nadie se atreve a enfrentarse a un juez o a un fiscal: no temen su capacidad de impartir justicia sino que sienten pavor ante su despotismo, su totalitarismo y su absoluta arbitariedad...

A menudo, el objetivo es introducirlos en una dinámica pre-establecida con la que se busca justificar la retirada de la tutela de los hijos a las familias con problemas. Este proceder se aplica mucho más frecuentemente a familias socio-económicamente deprimidas, a las que se quita a los hijos tras solicitar ayudas económicas en momentos de especial necesidad. Pero cuando son de un nivel medio o alto, si la mujer está en terapia psicológica es hostigada contra el padre hasta conseguir que lo denuncie por violencia de género, de forma que lo alejan judicialmente de ella y de los hijos hasta romper completamente su vínculo con ellos. A continuación se excluye a la madre a causa de los problemas psíquicos por los que venía siendo atendida, de forma que los Servicios Sociales se apropian de la tutela. En el caso que nos ocupa de Rafa y Mª Carmen, esa tutela le iba a ser entregada precisamente a Concha, a la que él señala como hostigadora y como la que los puso en manos de esa red de “Los Informes Falseados”. Así lo afirma por el hecho de que fuesen aportados en su contra documentos privados de Concha procedentes de la Institución Social donde trabaja durante el divorcio.

Durante el proceso se enteró de que la letrada Arreondo Sánchez, representante de su ex-mujer, 20 años atrás, también había sido la oponente de Carmen González, vecina del pueblo sevillano de Dos Hermanas, en un famoso caso que ha terminado siendo emblemático. En un momento de debilidad durante su proceso de divorcio, la Junta de Andalucía le retiró a sus hijos Iván y Sara y cedió temporalmente la tutela a una familia de acogida. Recuperada en poco tiempo del problema, solicitó la devolución, pero la familia de acogida, representada por la letrada Arreondo, se adueñó de sus hijos con el inmoral apoyo de la socialista Junta de Andalucía. El proceso judicial fue celebrado en 1996 y sentenciado en base a informes delos mismos Equipos Psicosociales de los Juzgados de Sevilla que acusaban ahora a Rafael. Casualmente, la Fiscal Segarra estaba destinada entonces en la Fiscalía de Menores. Para cuando el Tribunal Constitucional vino a corregir aquel grave error, Carmen González ya se había muerto precozmente y su hija Sara, con su infancia destrozada, recibía con 17 años una indemnización millonaria en una prisión para menores de la República Dominicana, donde estaba ingresada por tráfico de drogas.

A pesar de lo abultado de aquella indemnización, que tuvimos que pagar entre todos con nuestros impuestos, no fue sancionado ningún perito psicosocial ni funcionario de los que intervino en el caso. De hecho, Rafael vino a darse cuenta entonces de que, 20 años después, aún se continúa permitiendo y protegiendo que grupos de profesionales elaboren informes no contrastados con la realidad para la Administración, y no los sancionan a pesar de que después se demuestren completamente falsos y destinados a torcer la Justicia.

Exactamente esto es lo que ocurrió con los informes elaborados por el psicólogo José Antonio Vallo, la psiquiatra Lurdes Pacheco y el Equipo Psicosocial Nº 1 para perjudicarles, en contraste con la severidad con la que han sido sancionados otros profesionales, como el famoso psiquiatra Javier Criado, cuando interesó a la Fiscalía dirigida por la actual Fiscal General del Estado.

De todo ello parece desprenderse la evidencia de que los Poderes que dominan la Administración nunca parecen haber estado interesados en corregir este problema, sino en cobijarlo, aprovecharlo en beneficio propio y de sus allegados y evitar que nunca vuelva a aparecer otra condena contra ellos ante la opinión pública.

Probablemente fue por esa razón por la que el Juez de Instrucción de aquel viejo caso, el magistrado Serrano Castro (hoy máximo dirigente de VOX en Andalucía), fue inhabilitado años después cuando, al darse cuenta del error cometido, se atrevió a enfrentarse al poderoso “Entramado de los Informes falseados”.

Progenitores de Niños Robados, padres y madres divorciados apartados de sus hijos, hombres acusados falsamente de violencia contra la mujer, hijos de padres que tienen Alzheimer y un patrimonio goloso que expoliar (caso AFAL) y otros variados colectivos de víctimas, son un enorme conjunto de seres humanos que han visto su vida truncada por este mal hacer judicial que, la mayoría de lasveces, esconde un suculento negocio. Quienes caen en un problema así, confiando en que viven en un Estado de Derecho y al final conseguirán justicia, quedan atrapados de inmediato en un laberinto de procedimientos judiciales que se eternizan, expolian sus patrimonios y ocupan su tiempo y esfuerzo destruyendo sus vidas laboral y social.

Alguna razón poderosa (cuando hablamos de razones poderosas nos estamos refiriendo, concretamente, a cifras de mucho dinero) tenía que haber detrás de todo este montaje y a Rafael se la encontró de frente cuando, buscando a otras personas en su situación, se topó con el fenómeno del Tutelaje Abusivo de Menores, ese que en nuestros compañeros del excelente diario digital Vega Media Press, pionero en estas investigaciones periodísticas, bautizaba hace años con el nombre de “Los Nuevos Niños Robados”.

 

El negocio del "secuestro de hijos": ¡4.000 euros al mes por niño! cuya tutela ha sido quitada a sus padres. Fundación O´Belén, el Opus y una parte de la jeraquía de la Iglesia

 

 

Se habla mucho del negocio que mueve la prostitución, de los proxenetas y de los vendedores de mujeres como si se tratara de mercaderes de ganado.

Pues con las tutelas de los niños pasa exactamente lo mismo: se trata de un comercio irregular (con grandes comisiones por debajo de la mesa que sirven para comprar desde funcionarios judiciales hasta jueces y fiscales) y que implica incluso a Fundaciones próximas al Opus Dei. Y es que cuando hay mucho dinero de por medio, los “Verdaderos Poderes” se reparten su trozo de pastel sin importarles sus diferencias ideológicas, políticas o religiosas.

Hasta mienten con las cifras pero, en la actualidad, podría acercarse a los ¡100.000 niños tutelados en España!: encima tutelados por residencias como la del Baix Maestrat de Castellón, foco de reclutamiento de los niños que participaban después en la trama pederasta del “caso Bar España”; por cierto, esta residencia estaba gestionada por la Fundación O´Belén, sobre la que pesan multitud de denuncias por maltrato y otros muchos "presuntos" delitos, una Fundación que gestiona muchas de estas residencias y que pertenece a una parte de la Jerarquía Católica y al Opus Dei.

La mayor parte de ellos están internados en residencias que son contratadas a través de ONGs o empresas privadas, a las que el Estado les paga de media más de 4.000€ por niño al mes. Sin embargo, las familias de acogida y algunas residencias han denunciado que no reciben el dinero de la manutención de los niños ¿Dónde va ese dinero?

Mientras, los padres de muchos de estos niños protestan desesperados y se querellan contra la Administración porque consideran que les han arrebatado injustamente a sus hijos, en base a estos mismos informes psicosociales falseados y al poderoso entramado que los cobija.

Esa “red de secuestro de niños” en la que, según afirma el denunciante, protegía activamente la Fiscal Segarra cuando estaba al frente de la Fiscalía de Sevilla, una actuación irregular de la que hay multitud de pruebas y que lastra su continuidad al frente de la Fiscalía General del Estado, cuestiona su nombramiento e incluso (si España fuera cualquier otro país de nuestro entorno) pondría en serio peligro la reelección de Pedro Sánchez como presidente del gobierno.

 

Con Pedro Sánchez como presidente del gobierno, para ser Ministro de Justicia o Fiscal General del Estado hay que ser encubridor de delitos

 

 

 

 

Tal y como informábamos ayer sobre el escándalo en Italia que ha conmocionado a los ciudadanos de aquel país, “el Secuestro de Niños” por los Servicios Sociales es un fenómeno presente en toda Europa; de ahí que su “negocio” (al igual que el de la prostitución) ha adquirido el fenómeno de “multinacional” y las redes implicadas lo están en diversos países de nuestro entorno comunitario y también en Hispanoamérica bajo la supuesta apariencia de ONGs entregadas al servicio al prójimo.

Pero lo que está ocurriendo en España (y que la ciudadanía desconoce absolutamente porque es intencionadamente silenciado por “la prensa del sistema”) ha adquirido una dimensión monstruosa.

Cada Región tiene su propia red que actúa con idéntica maldad a la que lo hizo la actual Fiscal General del Estado, María José Segarra, en su época al frente de la Fiscalía de Sevilla.

Fíjense que la Fiscalía General del Estado tenía pleno conocimiento de lo que estaba ocurriendo en Sevilla, del desobedecimiento de la Fiscal a las órdenes y de su maliciosa y torticera dilatación y dispersación de todas las denuncias: bueno, pues a pesar de eso, o... ¡precisamente por esto! fue designada Fiscal General del Estado por el presidente Pedro Sánchez.

En Sevilla es conocida la íntima amistad entre María José Segarra y Susana Díaz; además María José Segarra pertenece -lo mismo que la prevaricadora ministro de justicia, Dolores Delgado- a la Unión Progresista de Fiscales.

Pero ser encubridor de delitos (en más que evidente prevaricación por la que nunca serán imputadas) es un requisito imprescindible para llegar al máximo escalafón de la “mafia judicial en España”: así las cosas, la ministro de justicia Dolores Delgado, que ha encubierto a jueces y fiscales pederastas que se acostaron con menores en Cartagena de Indiias, es la persona idónea para estar al frente del ministerio porque así, los “Auténticos Poderes” la tienen cogida por donde más le duele.

Lo mismo ocurre, nada menos, que con la Fiscalía General del Estado: hace falta, siempre, alguien con un marrón importante que ocultar. No olviden que luego han de acusar (o no hacerlo) a banqueros, políticos y auténticos “amos del cortijo” de España. Y con esto, María José Segarra es absolutamente vulnerable a determinadas peticiones, recomendaciones o llamadas de teléfono.

Esto es una auténtica vergüenza.

Con la información que hoy publica La Tribuna de España, hoy mismo algún grupo parlamentario debería solicitar la comparecencia urgente, ya no de la ministro de Justicia sino del propio presidente en funciones, Pedro Sánchez.

Pero ¿quién va a poner el cascabel al gato?

Todos los partidos se cuidan mucho de pisar estos fandangosos terrenos y ni siquiera VOX va a abrir la palabra. Es más, especialmente en VOX van a estar calladitos demostrando que no son “la derechita valiente”, sino la Disidencia Controlada.

 

La Tribuna de España

Equipo de redacción.

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