Martes, 21 Mayo 2019

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Igualdad Real, una opción que defiende a los varones ante el Parlamento Europeo

PUBLICADO EL Lunes, 13 Mayo 2019 09:47 Escrito por
Igualdad Real al Parlamento Europeo Igualdad Real al Parlamento Europeo

 

A ka oferta de partidos del Régimen del 78 que también concurrirán al Parlamento Europeo para sacar su correspondiente tajada de pastel, ahora les ha salido una auténtica "almorrana en el trasero": se trata de Igualdad Real, un partido que en realidad es un antipartido, una formación que busca la defensa del hombre y la mujer por igual y en función de su condición humana y no de los atributos sexuales que posee.

<Además, sin duda, Igualdad Real (antes constituida como asociación y ahora como partido político) ha sido la organización más activa estos últimos años en contra de la "ideología de género" y en contra -también- de la persecución y criminalización del varón por el mero hecho de ser hombre.

 

 

Igualdad Real es un partido político cuyo eje central gira en torno al concepto de igualdad entre las personas. En el proceso de reflexión llevado a cabo acerca de cómo alcanzar una sociedad verdaderamente igualitaria, sin diferencias entre sexos, razas o religiones, hemos ido pelando las capas de la cebolla de las actuales reivindicaciones políticas sobre la igualdad hasta llegar a lo más simple: La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948, cuando todavía estaban recientes las secuelas de los horrores de las dos grandes guerras mundiales.

Según ellos mismos sostienen, resulta anacrónico que en pleno siglo XXI, en un país que se dice democrático, y en el seno de la propia Unión Europea, deba surgir un partido que nos recuerde que debemos recuperar lo básico: los derechos humanos fundamentales. Hoy por hoy, bajo una bandera falsa que lleva el nombre de igualdad, en España se están llevando a cabo duras políticas discriminatorias contra el hombre y contra las relaciones familiares. Bajo el nombre de la igualdad se ha conseguido dividir a la sociedad en dos categorías cada vez más enfrentadas: hombres y mujeres. Somos conscientes de las reivindicaciones históricas del feminismo, y sabemos que existen diferentes corrientes dentro de este movimiento, pero a día de hoy, se están utilizando las posturas más radicales del feminismo para ahondar en la brecha de la desigualdad: hemos llegado a una desigualdad legislativa y de derechos que ha sido promovida por los lobbys feministas radicales que ocupan los resortes del poder en España -ellas mismas se autodenominan como Lobby, y se encuentran asociadas en el CELEM, Lobby Europeo de Mujeres-  el actual concepto de "igualdad" oficial desigualdad se apoya firmemente en una ley discriminatoria como es la LIVG , la Ley Integral de Violencia de Género. Esta ley vulneradora de derechos fundamentales debería haber sido excepcional y limitada en el tiempo pero  lleva en vigor desde 2004. En trece años la LIVG no ha conseguido disminuir lo más mínimo los asesinatos de mujeres a manos de su pareja o ex-pareja; es una ley que además ha ocasionado enormes secuelas en nuestra sociedad, especialmente en cuanto a la destrucción de la familia y del amor. Se trata del desmantelamiento de nuestra fibra más íntima y humana: la desintegración por decreto de todo lo afectivo. Una sociedad desmembrada queda privada de su capacidad de reacción social ante todo tipo de abusos autoritarios y eso es lo que parecen perseguir estas políticas. Los hombres han padecido duramente los efectos de esta ley; pero también los niños, que se han visto privados de sus padres; los abuelos y abuelas, que han perdido el contacto con sus nietos y que han visto a sus propios hijos perseguidos por el estado sin garantías jurídicas por el solo hecho de querer ejercer la paternidad y mantener el contacto con sus niños después de una separación. La LIVG  también la han sufrido las mujeres; aquellas mujeres que son madres de un hombre denunciado; aquellas que son nuevas parejas de ese hombre y comprueban día a día los efectos de esa persecución estatal; la padecen también las mujeres maltratadas, para las que ya no quedan recursos económicos después  de la política de barra libre en las subvenciones para cualquier mujer que denuncie, estas mismas mujeres maltratadas pagarán las terribles consecuencias de este sistema, cuando un buen día se animen a denunciar – con lo difícil, por no decir casi imposible,  que les resulta dar ese paso- y se arriesguen a no ser escuchadas por algunos jueces, hartos de tanto fraude en el sistema. En definitiva, la LIVG es el mayor factor de desigualdad y destrucción social que hoy en día azota a nuestra sociedad, y es por eso que requiere especial atención entre nuestras reivindicaciones políticas.

 

 

 

Ley de Violencia Intrafamiliar

 

 

Esto manifiesta Igualdad Real:

Creemos necesario abordar el problema de la violencia doméstica en toda su dimensión, nos oponemos a tratar aisladamente el fenómeno llamado “violencia de género”, porque no acude a la raíz del problema, ni atiende a la realidad de los núcleos familiares, donde cualquier miembro de la familia es susceptible de padecer maltrato, especialmente los más vulnerables: ancianos y niños.

La familia es el núcleo esencial con el que se construye una sociedad. Protegiendo a la familia de la violencia, creamos individuos mejores para una sociedad mejor.

La LIVG es una ley sexista contra la que se han interpuesto más de 200 recursos de inconstitucionalidad. El hecho de que los citados recursos no hayan salido adelante no hace sino demostrar la baja calidad democrática de nuestro sistema político. Los mayores atropellos que se ejecutan mediante esta ley tienen que ver con la presunción de inocencia, con el derecho a la igualdad jurídica y legal sin distinción de sexo, el derecho a la tutela judicial efectiva y el uso del derecho de autor.

Nosotros partimos de la base de que cualquier iniciativa legal que no respete los derechos humanos sólo genera injusticia, tensión y fractura social y, por tanto, estará indefectiblemente abocada al fracaso.

  1. Abogamos por la creación de una Ley de Violencia Intrafamiliar (LEVIF) que proteja a todos los miembros de la familia por igual: mujeres, hombres, ancianos y niños. Una ley que proteja también a las parejas LGTBI. Los actuales Juzgados de Violencia se harían cargo de este tipo de procedimientos, pasando a denominarse Juzgados de Violencia Intrafamiliar. El personal debería ser formado con cursos específicos sobre violencia intrafamiliar, haciendo hincapié en todo tipo de familias y en la parte más débil, los menores. Con esto se contrarresta el efecto de aquellos cursos a los que están siendo sometidos sobre violencia de “género”. Lo fundamental es la formación desde la “perspectiva de la víctima, de todo tipo”, y no desde la perspectiva de género, donde solo se protege a las mujeres, dejando al resto de víctimas fuera del análisis y protección.
  2. Defendemos que cualquier solución integral a la violencia intrafamiliar debe partir del respeto a los DDHH a la Presunción de inocencia, derecho a la tutela judicial efectiva, derecho a un juicio justo, derecho al honor. Queremos restaurar el derecho de presunción de inocencia para todos los españoles. La presunción de inocencia es un derecho inexistente hoy día para la mitad de la población española: los hombres, cuando hablamos de procesos judiciales por violencia de género.
  3. La ley de violencia intrafamiliar debe llevar aparejada la modificación del Código Penal, en cuanto a los delitos leves, para contemplar los distintos grados de violencia y los sujetos intervinientes. Queremos despenalizar el delito leve de vejaciones. Con la reforma del Código Penal operada por la LO 1/2015 se despenalizaron las faltas. Sin embargo, las vejaciones leves sólo dejaron de ser delito cuando las ejercía una mujer. Es decir, que un insulto si es de un hombre a una mujer si es considerado un ilícito penal, y por tanto un delito, pero no en al revés y esto no debe permitirse en un Estado de Derecho, máxime cuando no hay igualdad para denunciar ni defenderse, y cuando, con una sola de estas denuncias, por vejaciones leves, una de las partes, el hombre, se ve perjudicado a la hora de luchar por la custodia de sus hijos.
  4. Pedimos la obligatoriedad de asistencia letrada para ambas partes en los procesos de violencia doméstica y, mientras no se haya aprobado la Ley de Violencia Intrafamiliar, en los delitos de violencia de género, procediéndose a la suspensión del juicio en espera que los ambas partes tengan representación legal y garantizando así el principio de igualdad de armas.
  5. Mientras la LIVG no sea reconvertida en una Ley de Violencia Intrafamiliar (LEVIF) Queremos crear un protocolo obligatorio de actuación del Ministerio Fiscal en caso de archivo o absolución en un procedimiento de violencia de género para averiguar de manera activa que es lo que ha sucedido con ese elevado porcentaje de archivos y sobreseimientos (cercano al 80% de los procedimientos). Nos podríamos encontrar en dos supuestos:
    1. a-. Que la víctima-denunciante no haya podido probar los hechos que denuncia, a pesar de ser ciertos, quedando totalmente desprotegida.
    2. b-. que la víctima-denunciante haya mentido con su denuncia, teniendo algún interés espurio para arruinar la vida del denunciado.
    3. En ambos casos creemos necesario que se investigue la situación por parte de Fiscalía y por parte del Servicio Policial de Atención a la familia (SAF). Con esta medida conseguimos proteger a las verdaderas víctimas y castigar a quienes no lo son. Para ello, si el SAF viera, en el transcurso de su actuación, la posibilidad de estar ante alguna simulación de delito deberá recoger ese extremo en sus diligencias para que la fiscalía pudiera actuar de oficio tanto para la protección de la verdadera víctima como para acusar a la falsa denunciante.
    4. Pedimos también que, en cada proceso investigado por el SAF, se adjunten en las diligencias todas las posibles denuncias existentes entre los dos sujetos, o entre los dos sujetos y otros terceros -hayan llegado a término o no- así como otras posibles denuncias presentadas por mismos o similares motivos por la víctima-denunciante. Con esto se pretende que el juez, a la hora de instruir un procedimiento, tenga conocimiento amplio de los antecedentes en cuanto a denuncias y resultados de ambas partes. 
  6. Queremos modificar el Código Penal para aumentar las penas en caso de simulación de delitos y denuncias falsas, en todo tipo de delitos.
  7. Pedimos que se concedan las mismas ayudas públicas a todas las víctimas de malos tratos, mujeres y hombres, para que puedan rehacer sus vidas.
  8. Creemos que los fondos destinados a resolver el problema del maltrato deben llegar a la personas que verdaderamente lo necesitan, por eso proponemos la devolución de todas las ayudas económicas en el caso de que se haya accedido a ellas por su condición de víctima y el resultado final haya sido la absolución del denunciado.
  9. Pedimos el fin de las campañas para la prevención de la violencia de género, para orientarlas hacia la prevención de la violencia intrafamiliar.
  10. Queremos crear un nuevo teléfono 018 al servicio de cualquier víctima de violencia intrafamiliar.
  11. Queremos transformar el Observatorio para la Violencia de Género en un Observatorio para la Violencia Intrafamiliar que contemple y estudie los datos y circunstancias de todo tipo de violencia en el seno familiar. Especial atención requiere el creciente problema del maltrato de menores a sus padres. También es preciso estudiar los protocolos y procedimientos actuales para la retirada de manera cautelar de niños, por problemas de no asistencia a clases, higiene, alimentación. Es preciso evitarlos en lo posible, haciendo un estudio pormenorizado de la familia para ver si una ayuda integral al entorno familiar en sí podría evitar la retirada, ya que se da la paradoja de que, posteriormente las familias de acogida sí son ayudadas económicamente. 
  12. Queremos realizar un auditoría sobre las subvenciones europeas para combatir la violencia de género. También queremos aumentar el control de las mismas. Queremos que se cree una comisión de investigación para estudiar el destino dado a los fondos otorgados a todas las Asociaciones y colectivos que en los últimos 10 años se han dedicado a la ayuda de las mujeres víctimas de violencia de género. 
  13. Pedimos que el SAP, también llamado interferencia parental, se tipifique como maltrato psicológico.
  14. Queremos reconvertir los juzgados de violencia de género en juzgados de Violencia Intrafamiliar que tengan erradicada la perspectiva de género. En cada partido judicial habrá un Juzgado de Violencia Intrafamiliar. Cualquier denuncia de violencia será atendida por este juzgado y será este el competente para conocer los procedimientos de familia. No obstante, en el caso de denuncia, y que con posterioridad se consiga una sentencia absolutoria, el asunto civil debe ir por las normas de reparto. Con esto se evita el estigma para ambas partes de tener durante toda su vida una sentencia de divorcio encabezada por un Juzgado de Violencia intrafamiliar, máxime teniendo en cuenta que cuando hay niños por medio, hay que presentar esta sentencia en organismos administrativos. 
  15. Creemos necesario crear más grupos especializados para la elaboración de los informes de medicina legal (IML), para dar la atención adecuada a los juzgados. Es preciso destinar una partida del presupuesto para la prevención de la violencia intrafamiliar, a este cometido.
  16. Todas las víctimas importan. Pedimos un minuto de silencio oficial para todas las víctimas de violencia intrafamiliar.
  17. Queremos incrementar el número de puntos de encuentro familiar para atender las situaciones de familia conflictivas. Estos puntos de encuentro deberán estar dotados con equipos psicosociales de gestión pública y no ideologizados.
  18. Queremos fomentar campañas de concienciación contra todo tipo de violencia intrafamiliar, no sólo contra una parte de ella.
  19. Queremos elaborar un protocolo de actuación para detectar a tiempo casos de violencia intrafamiliar tanto en los centros educativos como en los centros de salud.
  20. Queremos que se suspendan todas las ayudas y subvenciones a las asociaciones relacionadas con la actual “violencia de género”, mientras no se dediquen a la ayuda tanto de mujeres, hombres y niños sin discriminación.
  21. Se habilitarán casas de acogida tanto para mujeres como para hombres víctimas de violencia, por un periodo de entre 3 y 6 meses, a una comunidad autónoma distinta a la suya, con el objeto de ofrecerle la oportunidad y ayudas para que pueda rehacer su vida.
  22. Se fomentará la reinserción de las mujeres y hombres víctimas de violencia en entornos laborales bonificando a las empresas que los contraten.

 

Reforma de la Democracia

 

 

 

En Igualdad Real no nos basta con hablar de regeneración democrática, creemos que los cambios que se deben realizar son mucho más profundos y por eso queremos hablar también de reforma de la democracia. El ciudadano de a pie está cansado ya de la clase política. La historia se repite cada cuatro años. Una vez que el político accede al poder se dedica a legislar de espaldas a la gente. Estamos de acuerdo en que la democracia es el mejor de los sistemas posibles, pero es ampliamente mejorable.

Proponemos medidas contra la corrupción y de mejora de la división de poderes, pero también creemos que existen reformas legales que pueden ayudar a las personas de a pie a tomar las riendas de las decisiones políticas que afectan a su día a día. El Congreso de los Diputados es la expresión de la voluntad popular, que ha delegado en los diputados para que legislen, sin embargo, la actual ley electoral española favorece a los partidos mayoritarios tradicionalmente     asentados. Esto significa que el sistema favorece al poder, no al ciudadano. Sócrates no confiaba en la democracia porque decía que la opinión de la mayoría - si está desinformada - es manipulable. Para él lo importante era el poder del ciudadano informado.

Hoy en día, en la sociedad en la que vivimos, hay un exceso de información y desinformación. Entendemos que el verdadero ciudadano informado es aquel que participa del cambio social a través del asociacionismo. Creemos que multitud de plataformas ciudadanas informadas se han topado con el muro del poder cuando intentaban hacer valer sus reivindicaciones, nosotros queremos abrirles las puertas: colectivos en defensa de la sanidad pública, en defensa de las pensiones, contra los abusos en las hipotecas, diversidad funcional… deben tener la oportunidad de tener voz propia en el Congreso, para así poder ser escuchados.

  1. Queremos reducir las barreras electorales desde el actual 3%-5% al 1%, de manera que se abran las puertas del Congreso a esas voces minoritarias en representación de la ciudadanía y nos oponemos a la implantación de un umbral mínimo de entre el 2% y el 5% propuesto a partir de las elecciones europeas de 2014 que aprobó la Eurocámara en 2018.
  2. Proponemos eliminar la exigencia de presentar firmas ciudadanas o avales electos para nuevas candidaturas. La obligación de presentar firmas, exclusiva y repetida para los partidos sin representación previa es contraria a la igualdad de oportunidades entre las candidaturas. Desde 2014 se han solicitado en cinco ocasiones (tres elecciones generales y dos europeas) y en Cataluña además se piden en elecciones Autonómicas.
  3. Proponemos dar el mismo tiempo a los espacios para campaña electoral en medios de comunicación para todas las candidaturas. Cada convocatoria es una propuesta nueva al electorado y no debe estar condicionada por elecciones de cuatro años atrás. En cada convocatoria todos los partidos deben jugar en igualdad de condiciones.
  4. Exigimos la eliminación de las subvenciones por envío postal publicitario de candidaturas. Estas subvenciones son un gasto inútil para los ciudadanos y sólo beneficia a ciertos partidos. Implantación, en su lugar, de un portal web con información por igual de todas las candidaturas que tengan difusión apropiada en los distintos medios de comunicación públicos.
  5. Pedimos la eliminación del voto rogado que dificulta e, incluso, impide el voto de los residentes en el exterior.
  6. Queremos mejorar la proporcionalidad en el reparto por circunscripción, bien modificando el método matemático de la ley d’Hont a Sainte-Laguë, bien con la utilización de un sistema de escaños compensatorios. Existen modelos de reparto de escaños que reflejan de manera mucho más ajustada la proporcionalidad de los votos.
  7. Queremos dar al voto en blanco la  misma validez que el resto de votos válidos, asignándole escaños, contabilizándolos a la hora de alcanzar mayorías cualificadas.
  8. Queremos modificar la legislación y el sistema electoral, estableciendo listas desbloqueadas o abiertas, en las que se pueda tachar o excluir a algunos de los candidatos.
  9. Proponemos modificar la forma de elección en el Senado utilizando, por ejemplo, un sistema preferencial o limitando a dos candidaturas de los partidos manteniendo la elección de tres candidatos por votante, para evitar que un partido consiga mayoría absoluta en el Senado con un apoyo real del electorado muy inferior, tal y como ocurre actualmente.
  10. Queremos acabar con la ley que permite los aforamientos a políticos. El aforamiento constituye una coraza de impunidad para aquellos políticos corruptos. En España siguen existiendo más de 250.000 aforados.
  11. Exigimos una ley para derogar de manera urgente el artículo 324 de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se trata de un artículo que limita los periodos de investigación judicial en delitos tan graves como los de corrupción. Entró en vigor el 6 de diciembre de 2015 y establece un plazo general de seis meses y uno especial de 18 meses para las investigaciones complejas. Ahora mismo ya hay asuntos de corrupción que han prescrito en virtud de esta reforma legal.
  12. Queremos modificar el artículo 122 de la CE. Proponemos que se atribuya exclusivamente a los magistrados la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, entre candidatos que fueran en su mayoría magistrados, con adición de una minoría de juristas de reconocido prestigio; y que, a su vez, se atribuya al Parlamento la facultad de vetar por mayoría absoluta a miembros electos del Consejo General, que en su caso serían reemplazados por suplentes predeterminados.
  13. Respecto a miembros del Tribunal Constitucional, proponemos que la designación de los miembros del TC permanezca tal y como lo regula en el art.159: 12 miembros nombrados por el Rey; 4 a propuesta del Congreso (por mayoría de 3/5), 4 a propuesta del Senado (por idéntica mayoría), 2 a propuesta de CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) y dos a propuesta del Gobierno. Pero creemos deseable y necesario establecer un sistema de contrapesos entre los poderes otorgando al CGPJ el derecho a veto tanto sobre los candidatos propuestos por el ejecutivo (gobierno) como sobre los propuestos por el legislativo (Congreso y Senado). Recordemos que el Tribunal Constitucional tiene competencias tan importantes como controlar la constitucionalidad de las leyes, resolver conflictos entre órganos constitucionales o resolver los recursos de amparo por la vulneración de los derechos y libertades fundamentales. Asegurar la independencia de este órgano redundaría en un aumento de la calidad de nuestra democracia.
  14. Proponemos integrar a los fiscales en el ámbito de la magistratura, con su propia normativa interna, y atribuir al Consejo General el nombramiento del Fiscal General. Este es un cambio necesario dado que, el Poder Judicial actual, no es enteramente independiente, entre otras cosas, porque el gobierno se reserva el nombramiento de la cúspide jerárquica de la Fiscalía, el Fiscal General del Estado, y mantiene a los fiscales fuera del alcance de la autoridad del Consejo General del Poder Judicial. De los fiscales depende no sólo perseguir los delitos, sino también no perseguirlos. La lucha contra la corrupción resultará mucho más efectiva con estos cambios propuestos, evitando que los gobiernos se aprovechen de esta situación anómala de la fiscalía.
  15. Proponemos la creación de una policía judicial enteramente dependiente del CGPJ. Bajo la legislación actual, la independencia del poder judicial se ve afectada por carecer de una policía judicial propia. La situación actual es que el CGPJ tiene a sus órdenes funcionalmente a agentes de las distintas policías existentes, pero éstos dependen orgánicamente de los poderes ejecutivos estatales o autonómicos, dejando en manos de dichos organismos la designación de los integrantes de dicha policía, lo que facilita el entorpecimiento de las investigaciones.
  16. Queremos que se limite a dos el número de mandatos de los miembros del CGPJ. Es preciso tener en cuenta que la Sala Civil y la Sala Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, tienen competencias en materia de causas frente a aforados.
  17. En la actualidad, todos los expresidentes de Gobierno de España reciben una paga vitalicia que ronda los 90.000€ anuales. Creemos que esa compensación debe dejar de ser vitalicia, para limitarla a un periodo de 2 años, con tres años más de reducción proporcional de la asignación, hasta quedar extinta.
  18. Por otro lado, todos los expresidentes del Gobierno de España pasan a formar parte automáticamente del Consejo de Estado, de manera vitalicia, del que cobran unos 75.000€ anuales. Nosotros proponemos la remodelación del Consejo de Estado, reduciendo el número de consejeros a 15. (En la actualidad, 30 miembros, y creciendo).
  19. Proponemos una restricción similar para las comunidades autónomas que establecen sistemas similares con sus diferentes “Consejos Consultivos”.
  20. Queremos establecer un tope o límite máximo de tres legislaturas los mandatos de los cargos políticos para evitar que la política se convierta en un modus vivendi.
  21. Queremos modificar la Ley del Indulto, - Ley de 18 de junio de 1870, de Reglas para el ejercicio de la Gracia de indulto- de manera que haya delitos excluidos de ser indultados. No se beneficiarán de la gracia del indulto los condenados por delito de corrupción ni los condenados por delitos graves.
  22. Queremos facilitar el ejercicio de la acción popular como forma de evitar la injerencia política en la persecución de determinados delitos. Al no ser solo el Estado el único que ejercite la acción penal conseguiremos un sistema más limpio, y eficaz contra la corrupción. La acción popular supone la atribución de legitimación activa para que un ciudadano pueda personarse en un proceso sin necesidad de invocar la lesión de un interés propio, sino en defensa de la legalidad. Se trata, por tanto, de una manifestación del derecho público subjetivo al libre acceso a los Tribunales en que las pretensiones que se mantengan sean de interés público. Por tanto, la acción popular se enmarca dentro del más amplio espacio del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 CE. La acción popular no puede estar sometida a trabas legales, y por tanto, no sometidos a tasas ni fianzas, para que con ello no se obstaculice su ejercicio, puesto que el juez instructor tiene los mecanismos para evitar abusos en la utilización torticera de este derecho.
  23. En los delitos de corrupción y contra la administración de justicia se supeditará el disfrute de beneficios penitenciarios a la devolución de lo defraudado. En caso contrario debe cumplirse la totalidad de la pena.

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