Miércoles, 24 Julio 2019

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El PSOE libra de la cárcel a la presidente del Santander y resto del clan Botín al completo

PUBLICADO EL Martes, 15 Enero 2019 19:13 Escrito por
El PSOE libra de la cárcel a la presidenta del Santandery al resto del clan Botín al completo El PSOE libra de la cárcel a la presidenta del Santandery al resto del clan Botín al completo

El PSOE libro de la cárcel por dos veces a Emilio Botín por delito fiscal, tanto en 2006 con las cesiones de crédito como en 2010 con los 2.000 millones de euros ocultos en el HSBC de Ginebra (Suiza). En ambos casos habría tenido intervención el gobierno socialista de Zapatero.

El pasado sábado 12-1-19 publicamos como el gobierno del PSOE, según las grabaciones del comisario Villarejo, habría conspirado, con la intervención de María Teresa Fernández de la Vega, para librar de la cárcel a Emilio Botín por fraude fiscal en el caso de las cesiones de crédito que se saldó con la ignominiosa “doctrina Botín” establecida en auto judicial de la Audiencia Nacional dictado por el entonces magistrado Javier Gómez Bermúdez. La doctrina Botín libró de la cárcel también a Rodrigo Echenique Gordillo, entonces consejero delegado del Santander y actualmente todavía vocal del consejo de administración; a Ignacio Uclés Romero, entonces jefe de asesoría jurídica, y a Ricardo Alonso Clavel jefe contable del Santander en aquella época.

La conversación grabada el 4-2-2005 a Fernández de la Vega, entonces vicepresidente, ministro de la Presidencia y portavoz del gobierno de Zapatero, e Ignacio Rupérez Calvo, jefe de estudios del Santander, parece no dejar lugar a dudas sobre las órdenes políticas y judiciales del gobierno socialista para librar de la cárcel a Emilio Botín y que pudieron tener la contraprestación de la condonación de la deuda del PSOE de 12 millones de euros (2.000 millones de pesetas).

Pero no es ese el único caso de aparente trato de favor del PSOE al clan Botín y al Santander, ya que también podemos recordar la adjudicación de Banesto, el caso del indulto “in extremis” de Alfredo Sáenz Abad o el escandaloso caso de los 2.000 millones de euros ocultos por el clan Botín en las cuentas del HSBC Private Bank Suisse de Ginebra (Suiza).

El caso trae causa de la famosa “lista Falciani” elaborada por el informático Hervé Falciani que trabajaba en la filial suiza del banco británico HSBC. La lista incluía una relación de clientes del banco con cuentas en Suiza que entregó a las autoridades francesas. Las autoridades fiscales francesa, al amparo del convenio de doble imposición entre ambos países de 10-10-95, entregaron la lista al gobierno español, el 24-5-10, en la que aparecían diversos ciudadanos españoles entre los que destacaban las dos ramas del clan Botín compuesto por Emilio Botín Sanz de Sautuola García de los Ríos (expresidente del Santander) y cinco de sus seis hijos Ana Patricia (todavía presidente del Santander), Paloma, Carmen, Emilio y Javier Botín Sanz de Sautuola O´Shea; y Jaime Botín Sanz de Sautuola García de los Ríos (exvicepresidente del Santander y presidente de Bankinter) y sus cinco hijos Marta, Lucrecia, Marcelino, Alfonso y Gonzalo Botín Sanz de Sautuola Naveda. Aparentemente, todos ellos se libraron de ir a prisión por delito fiscal gracias a las órdenes políticas que habría dado el gobierno del PSOE de Zapatero a la Agencia Tributaria, la Fiscalía y la Audiencia Nacional.

El trato de favor que evitó que el clan Botín al completo entrara en prisión consistió en que la Agencia Tributaria en vez de abrir procedimiento de comprobación o investigación contra todos ellos, inició simplemente un procedimiento de gestión tributaria enviando el 21-6-10 unos meros requerimientos advirtiendo de que les constaba la existencia de fondos en cuentas del HSBC en Suiza para que regularizaran fiscalmente presentando declaraciones complementarias.

Con la actuación de la Agencia Tributaria se dio un trato de favor a los Botín ya que no se les aplicó el procedimiento habitual que recibe cualquier contribuyente que consiste en iniciar directamente un procedimiento de investigación con derivaciones y consecuencias penales con la correspondiente querella y procedimiento penal en caso de haber defraudado más de 120.000 euros. A los contribuyentes “normales” no se les da la oportunidad de regularizar, sino que se les aplica directamente el sistema sancionador administrativo y penal sin contemplaciones.

Por el contrario, con el simple requerimiento que se efectuó al clan Botín se les dio la oportunidad de regularizar la situación con el pago de un mero recargo del 10% evitando de esa forma las más gravosas sanciones administrativas y las actuaciones penales que en el caso de la familia Botín hubiesen sido sin duda objeto de condena penal por fraude fiscal, ya que tanto la rama familiar del clan Botín de Emilio como la de su hermano Jaime reconocieron la defraudación fiscal en sendos escritos de 23 y 27-7-10. De hecho en posterior procedimiento penal el magistrado del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu Merelles, reconoció la comisión del fraude fiscal pero absolvió a los Botín como consecuencia de la aplicación de la excusa absolutoria derivada del pago de 210 millones de euros como consecuencia del requerimiento de la Agencia Tributaria.

Cometido el trato de favor por la Agencia Tributaria, y tras la regularización del clan Botín con el pago de los 210 millones de euros, el Delegado Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria, habiendo ya exonerado de las gravosas sanciones administrativas y de la condena penal y entrada en prisión al clan Botín, abrió procedimientos de comprobación o investigación y puso en conocimiento de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada los hechos en escrito de 13-5-11.

En dicho escrito la Agencia Tributaria, inexplicablemente y denotando de nuevo su trato de favor, advertía ya a la Fiscalía que los Botín había presentado declaraciones complementarias y había realizado el ingreso de los más de 210 millones de euros lo que podría “suponer la exención de responsabilidad penal de todos los obligados tributarios en aplicación del artículo 305.4 del Código Penal”. De la misma forma el propio auto del juez Fernando Andreu de admisión de la denuncia de 15-6-11 advertía de la aplicación de la excusa absolutoria que impediría la sanción penal del fraude fiscal reconocido por los Botín con sus regularizaciones y pago de 210 millones de euros.

Resulta incomprensible que: (1) la Agencia Tributaría remitiese los hechos a la Fiscalía advirtiendo de antemano que la responsabilidad penal de los Botín había quedado saldada al haberse practicado la regularización, (2) la Fiscalía, en el mismo, sentido presentase la denuncia ante la Audiencia Nacional con la misma advertencia y (3) que el auto de admisión de la denuncia del juez Fernando Andreu de la Audiencia Nacional, sin siquiera haber iniciado la instrucción, hiciera mención a la excusa absolutoria de forma reiterada. Todos estos hechos parecen demostrar que tanto la Agencia Tributaria, como la Fiscalía y la Audiencia Nacional estaban poniendo “la venda antes de la herida”.

Como no podía ser de otra forma tratándose del clan Botín, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado solicitaron el sobreseimiento y archivo de las actuaciones penales. El magistrado Fernando Andreu dictó auto de 22-5-12 declarando el sobreseimiento libre y absolviendo a todo el clan Botín.

Con toda esta actuación tanto la Agencia Tributaria, como la Fiscalía y la Audiencia Nacional, en definitiva el gobierno socialista de Zapatero, “vistieron el muñeco” haciéndole “un traje a medida” a todo el clan Botín para engañar a todos los contribuyentes y ciudadanos haciéndoles creer que se les había denunciado penalmente, cuando sabían que estaba “todo el pescado vendido” desde que la Agencia Tributaria requirió al clan Botín en vez de abrir un procedimiento de investigación y sabiendo que todo estaba “atado y bien atado” y que se aplicaría la excusa absolutoria que evitaría la entrada en prisión de todo el clan Botín.

De esta forma el gobierno socialista de Zapatero, una vez más, salvó al clan Botín al completo (excepción de Carolina que no fue imputada) de ser condenados por delito fiscal y entrar en prisión haciendo el “paripé” ante todos los ciudadanos como si fuéramos idiotas y no nos diésemos cuenta de las artimañas y tretas arteras y torticeras diseñadas para favorecer al clan Botín.

El caso fue de tal magnitud que provocó que el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) denunciase los hechos acusando a María Dolores Bustamante Esquivias y Carlos Cervantes Sánchez-Rodrigo, entonces directores de Gestión e Inspección de la Agencia Tributaria ante el Juzgado de Instrucción nº 37 de Madrid por prevaricación. El trato de favor salpicó a Juan Manuel López Carbajo ex director general de la Agencia Tributaria, Carlos Ocaña y Pérez de Tudela ex secretario de Estado de Hacienda, a la exministro de Hacienda Elena Salgado Méndez y al presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. También la asociación profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) denunciaron el “escandaloso trato de favor” y la que fue calificada como “amnistía fiscal encubierta”.

La desvergüenza del clan Botín llega a tal nivel que, una vez que consiguieron librarse de la cárcel por aplicación de la excusa absolutoria por el pago de los 200 millones de euros, han solicitado a la Agencia Tributaria la devolución de 25 millones de euros por el ejercicio de 2005, lo que ha sido denegado y calificado por el Tribunal Supremo como un posible fraude de ley.

En febrero de 2017 el Tribunal Supremo dictó sentencia afeando la conducta de la Agencia Tributaria.

En la actualidad, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional José de la Mata Amaya está llevando a cabo una investigación judicial en la que se encuentra encausado Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca, ex secretario general y del consejo de administración del Santander actualmente todavía vocal del consejo de administración, y otros seis miembros del departamento de prevención de blanqueo de capitales del Santander y cuatro de la BNP Paribas que, al parecer, colaboraron con el HSBC y el Santander para la ocultación del patrimonio de los Botín.

Mientras en España el clan Botín se va siempre “de rositas” y se libra de la cárcel constantemente gracias a tratos de favor de los gobiernos de turno y a favores judiciales; en Estados Unidos en 2009 el banco suizo UBS admitió una sanción de 780 millones de dólares para evitar un proceso penal por ayudar a contribuyentes americanos a evadir impuestos ocultando sus cuentas a la IRS, el equivalente a la Agencia Tributaria. En 2012 el HSBC admitió una sanción de 1.900 millones de dólares del gobierno americano para evitar un proceso criminal por el blanqueo de capitales de los narcos mejicanos y colombianos. Del mismo modo el banco francés BNP Paribas admitió una multa de 9.000 millones de dólares de las autoridades americanas para evitar un procedimiento criminal. Tanto el HSBC como la BNP Paribas fueron los bancos utilizados por el clan Botín para la ocultación de los 2.000 millones de euros al Fisco español, pero aquí no hay sanciones para nadie. “Spain is different”. Y en pago de favores Ana Patricia Botín nombra al exjefe de la BNP Paribas en España, Ramiro Mato García-Ansorena, vocal del consejo de administración del Santander.

Josele Sánchez

Director de La Tribuna de España.

Desperta Ferro: La palabra de Josele Sánchez

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