Lunes, 17 Junio 2019

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El coste para el Santander de mantener a la “Dinastía Botín”

PUBLICADO EL Sábado, 29 Septiembre 2018 04:12 Escrito por
El Santander se hunde El Santander se hunde

Desde que Emilio Botín jubiló a José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui en 2001 para quedarse solo al frente del Santander, el banco ha tenido que desembolsar 280 millones de euros para mantener a la “Dinastía Botín” en el poder. Todo ello sin contar los negocios de la familia a costa del banco.

 

 

De la historia del Banco de Santander se puede decir muy resumidamente que se creó en 1857 por seis fundadores, don Jerónimo Roiz de la Parra, Juan de Abarca, Antonio Labat, Bonifacio Ferrer de la Vega, Antonio López Dóriga y Agustín G. Gutiérrez; y su presidencia era rotatoria por turnos. El primer miembro de la “dinastía Botín” en ser presidente del Santander sería Emilio Botín y López. En 1950 sería nombrado presidente Emilio Botín Sanz de Sautuola y López y desde entonces la “dinastía Botín” ha permanecido en la presidencia del banco con Emilio Botín Sanz de Sautuola y García de los Ríos que sustituyó a su padre en 1986 hasta su muerte en 2014, fecha en la que le sustituyó la actual presidenta Ana P. Botín. Es decir, en los 161 años de existencia del Santander casi la mitad ha sido presidido por miembros de la “dinastía Botín” de los cuales los últimos 68 de forma continuada.

Es por ello, que en la presidencia del Santander, sin justificación alguna, se ha establecido una especie de sucesión dinástica absolutista entre los miembros de la familia Botín, que entran en el consejo de administración de una entidad cotizada desde muy jóvenes y sin experiencia suficiente, de manera que Ana P. Botín entró en el consejo de administración en 1989 con sólo 29 años y su padre entró en 1960 con 26 años. Es decir, no existe política de selección para el nombramiento del presidente de la entidad, ya que los miembros del consejo de administración son puestos directamente por los designios de la familia Botín que administra el banco a sus anchas y no ponen ningún inconveniente para que se mantenga el “tatu quo de la dinastía Botín.

El Financial Times en septiembre de 2014 puso en duda el nombramiento de Ana P. Botín al frente del Santander y manifestó que las dinastías familiares pertenecen a la historia de la banca europea, no a su futuro (“Family dinasties belong to history of European banking, not to its future”). El prestigioso periódico económico de la City londinense no se quedó ahí y criticó la demasiado ambiciosa incursión de Ana P. Botín en la banca de inversión (“its overambitious sortie into investment banking”) y la disminución de ganancias del Santander UK durante sus cuatro años de mandato (“at Santander UK profits have fallen during her four-year tenure”). Además el diario económico ponía de manifiesto que la familia Botín no tiene una participación significativa en el Santander, que actualmente no alcanza el 1%; y que Ana P. Botín no pasó el debido proceso de selección que debería pasar un presidente de una empresa cotizada en bolsa (“did not go through the due process of selecting a chairman for a listed company”). En definitiva, el Financial Times criticó duramente la falta de planificación y transparencia en la sucesión del Santander por parte del consejo y la inexistencia de búsqueda, selección y propuesta de candidatos alternativos.

Pero la historia del Santander nos demuestra que la sucesión en la presidencia del Santander, en los últimos 68 años, desde 1950, sólo está reservada para la “dinastía Botín”, que no duda en disponer de los fondos del propio banco para mantenerse en la presidencia y administración contra viento y marea.

Y así sucedió en el año 2001, tras la fusión del Santander con el Banco Central Hispano y las posteriores guerras que se produjeron en el seno del nuevo Banco Santander Central Hispano (BSCH) con el cese de Luis Abril que devino en las dimisiones de José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui. Los acuerdos de fusión de ambas entidades establecían una copresidencia entre el presidente del Central Hispano, Amusátegui, y el del Santander, Emilio Botín. A su vez, Corcóstegui, proveniente del Central Hispano, sería vicepresidente y consejero delegado del recién creado BSCH (hoy Santander). Pero, sin casi haberse cumplido dos años desde la aprobación de la fusión, en junio de 2001, ante los incumplimientos de Emilio Botín, Amusátegui renunció a la copresidencia antes de tiempo y meses después, en febrero de 2002 Corcóstegui dimitió como vicepresidente y consejero delegado. Lo más sorprendente del caso es que ninguno de ellos ejercitó la facultad que disponían de designar a otros dos administradores provenientes del Central Hispano para que les sustituyeran, de forma que en el sector se vio como una traición en toda regla a los derechos del Central Hispano.

De esta manera, Emilio Botín conseguía camino libre para continuar mandando como un autócrata absolutista en el Santander sin un copresidente y un consejero delegado provenientes de otra entidad que se entrometiesen en sus designios, y pese a que se había acordado su cese como presidente a los 72 años, Botín continuó en la presidencia hasta su muerte en 2014 con 80 años.

Pero el que Emilio Botín siguiese al frente del BSCH, no le saldría gratis a los accionistas del banco, ya que la entidad tendría que desembolsar unas cantidades muy elevadas. De esta forma se cumplía el capricho de Emilio Botín seguir al frente del banco con cargo a las arcas de la entidad y en perjuicio de sus accionistas y sin que a él le costase ni un solo céntimo.

Amusátegui abandonó la copresidencia del banco en agosto de 2001, pero no lo hizo de forma gratuita ya que percibió un “bonus” de 43,7 millones de euros y viene percibiendo desde entonces una pensión vitalicia de 7 millones de euros anuales. Por tanto, el coste de que Amusátegui dejase vía libre a Emilio Botín ha costado a los accionistas del Santander desde 2001 hasta 2018 la nada despreciable cantidad de 170 millones de euros. De esta manera, Amusátegui sigue cobrando como si siguiese siendo presidente y miembro del consejo de administración del Santander pero sin moverse de sus lujosas mansiones de La Moraleja y Marbella; y su mujer, con la que contrajo matrimonio en 1998, en caso de fallecimiento de aquel, percibirá con carácter vitalicio casi 5 millones de euros anuales.

Por otro lado, Corcóstegui, al poco tiempo de ser ratificado en sus cargos de vicepresidente y consejero delegado, dimitió de ambos cargos previo pago de un “bonus” de 108 millones de euros para que se jubilase con sólo 51 años y un complemento de la pensión de 1,8 millones de euros anuales con cargo al Santander, con prohibición de trabajar en el sector durante 10 años. Por tanto, entre el “bonus” de 108 millones de euros y la pensión de 1,8 millones de euros anuales, la jubilación de Corcostegui, para dejar el camino expedito a Emilio Botín en el Santander, le habría costado al banco y a sus accionistas cerca de 125 millones de euros. Además, Corcóstegui, ingeniero de caminos y doctor en finanzas, tenía una gran experiencia y reputación en el sector tras su paso por el Banco Vizcaya, el BBV y el Central Hispano, por lo que desprenderse de un ejecutivo de la categoría de Corcóstegui con sólo 51 años resultaba inexplicable, salvo que se tuviese en cuenta que Emilio Botín quería campar a sus anchas sin ningún ejecutivo que se opusiese a sus designios y pretendiese el puesto de presidente cuando Botín cumpliese los 72 como se había acordado en el pacto de la fusión.

En conclusión, las jubilaciones de Amusátegui y Corcóstegui, desde 2001 al 2018, le han costado al Santander y a sus accionistas entre 280 y 300 millones de euros; y cada año ese importe se incrementa en 7 millones de euros que percibe Amusátegui “sin dar un palo al agua”.

Ese es el coste para el banco y sus accionistas de mantener al frente del Santander a la “dinastía Botín” y en la actualidad a Ana Patricia Botín que desde que llegó a la presidencia el 9-9-2014 el valor de la acción ha caído  un 40% desde los 7,7 euros a los actuales 4,4 euros por acción.

Todo ello sin tener en cuenta el coste de 11 millones de euros de la prejubilación con 48 años de Javier Marín Romano, consejero delegado entre 2013 y 2014 con Emilio Botín, defenestrado por Ana P. Botín nada más llegar a la presidencia en 2014, y altamente reconocido en el sector, nombrado consejero del Banco Vaticano en 2016.

 

A todos esos costes con cargo al banco podría añadírseles el de las operaciones que, se cuenta en el sector, que los Botín han venido realizando a costa del banco como en la “operación Antibióticos” o en el “caso de la finca de Mijas” y tantas otras de las que la rumorología financiera dicen que se han producido en los 68 años de presidencia del Santander de las tres últimas generaciones de la “dinastía Botín” y que han amasado los 2.000 millones de euros ocultos en el HSBC de Suiza que José Manuel Novoa cifró en 6.000 millones.

¿Están dispuestos los accionistas del Santander, para que Ana Patricia Botín siga como presidenta sólo por apellidarse Botín, a seguir sufragando los 17 millones de euros de coste anual que implica el cargo de presidente entre los 10 millones de euros que percibe Ana P. Botín más los 7 millones de euros anuales vitalicios que percibe Amusáteguí sin trabajar?

Josele Sánchez

Director de La Tribuna de España.

Desperta Ferro: La palabra de Josele Sánchez

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