Domingo, 21 Julio 2019

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Atentado contra la infancia en Cataluña. Abogados contra la corrupción solicita una auditoría e intervención contra la DGAIA ante la oficina antifraude

PUBLICADO EL Martes, 19 Febrero 2019 10:48 Escrito por
Concentración contra los abusos de  la DGAIA en Cataluña Concentración contra los abusos de la DGAIA en Cataluña

 

 

En un gesto sin precedentes, el pasado viernes 8 de febrero, José Miguel Acedo Labat, padre afectado, y la Fundación Abogados Contra la Corrupción, depositaron una solicitud de auditoría e intervención de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA) ante la Oficina Antifraude del Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo) de Catalunya y ante el propio Parlamento de Cataluña, en representación de 7 familias afectadas por falsos desamparos de los Servicios Sociales.

Esta vez no solo se trata de denunciar comportamientos ilícitos de la Administración, que atentan contra derechos fundamentales de padres y menores, manipulando informes hasta incurrir en delito de falsificación de documento público para justificar desamparos injustificables y, en muchos casos, incumpliendo su propio protocolo de actuación en la protección al menor.

Esta vez se trata de poner en cuestión todo el sistema de Servicios Sociales del Estado Español y sus Comunidades Autónomas (donde, por cierto, el Gobierno Catalán sí que es uña y carne con el Español) También se trata de poner al descubierto la realidad de las malas prácticas en los cuidados que se realizan en diversos centros de tutela de menores de toda la geografía española. Y se trata de modificar las nefastas legislaciones del menor que todavía dejan al menor afectado más desamparado de lo que supuestamente estaba, en peores condiciones que un recluso en lo referente a limitaciones de contacto con su familia biológica y sin buscar soluciones alternativas, menos traumáticas, en aquellos casos que es posible y necesario.

Se trata asimismo de denunciar que la motivación real de este despropósito que vulnera derechos, se salta la tutela judicial efectiva y en muchos casos decide desamparos sin prueba alguna de su necesidad y sin intervención judicial alguna, es el inmenso negocio de miles de millones de Euros destinados a la tutela de menores por nuestros Presupuestos Generales Autonómicos y del Estado, la UE y la ONU y del que chupan Administraciones, sistema judicial, psicólogos, políticos, etc., etc., etc.

Toda esta corrupción política, prevaricación administrativa y judicial está provocando la destrucción de millones de familias. Aún es más alevoso si añadimos los efectos perversos, contraproducentes y contradictorios de la sustracción de los hijos a supuesta protección a mujeres maltratadas por sus parejas con la Ley Integral de Violencia de Género de 2004 y su endurecimiento posterior con los decretos también prevaricadores del Gobierno de Pedro Sánchez de agosto y diciembre de 2018.

Todo ello contribuye a que la posibilidad de que tales falsos desamparos aumenten considerablemente en los próximos meses y años si no impedimos este gran escándalo derivado de la corrupción sistémica del sistema político español (y catalán) que cada día que pasa es más difícil de negar y ocultar a la opinión pública.

En este contexto tan desafortunado y desagradable, se entiende que muchos padres afectados injustamente por la LIVG se decanten en el próximo ciclo electoral por opciones políticas que no tragan con el macabro “pensamiento único del nuevo orden mundial” en estas cuestiones de género y familia.

Esta valiente propuesta solicita la intervención de la DGAIA si no se atiene a revisar todos los falsos desamparos realizados en los últimos años, todos los juicios amañados por una Justicia que a menudo no es digna de ese nombre y de la constitucionalidad de una legislación promulgada por unos partidos políticos que prefieren financiarse con el dolor ajeno que con las cuotas de sus afiliados. Históricamente y por primera vez, mujeres maltratadas, un padre afectado por denuncia falsa y un activista defensor de la custodia compartida se han unido para combatir la misma injusticia.

Y esa unión es mala para este sistema corrupto y por ello intentan censurar lo evidente bloqueando su divulgación en los grandes medios de comunicación a los que manipulan con subvenciones de dinero público. Si quienes deben garantizar el cumplimiento de la Ley lo que realmente hacen es garantizar la impunidad tras su incumplimiento y perseguir a los testigos y a las víctimas de sus actos infames, los ciudadanos debemos crear mecanismos reales y verificables de control para evitar nuevas prácticas corruptas, garantizar la separación de poderes y deshacernos de aquellos funcionarios y políticos que con sus decisiones injustas han provocado este horror en pleno siglo XXI ¡Y de forma urgente!

Recientemente, el Parlamento de Cataluña suspendió la comisión de investigación de la DGAIA y el pleno previsto porque había un juicio en Madrid, poniendo en evidencia su complicidad total en ocultar los hechos denunciados, pues la Oficina Antifraude indicaba que el de ACC es el cuarto expediente contra la DGAIA por corrupción demostrable que llegaba a sus manos.

Desde ACC (Abogados Contra la Corrupción) promocionan la creación de Equipos de Protección al Menor dentro y fuera de su Fundación en cada CCAA, para que se exija responsabilidades a todos los partidos u organizaciones políticas que, desde el Poder, han venido aprovechando o encubriendo esta gran estafa de la protección al menor.

Josele Sánchez

Director de La Tribuna de España.

Desperta Ferro: La palabra de Josele Sánchez

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